Compromís pedirá que el pleno de Sagunt diga "no" a la incineración de residuos

El grupo municipal de Compromís en Sagunt va a llevar a pleno del ayuntamiento su negativa a incineración de residuos en la cementera de Lafarge Holcim o en cualquier empresa de la ciudad. 

Aunque se trata de una decisión adoptada al salir a la luz que la Generalitat baraja incinerar en cementeras residuos sanitarios relacionados con la crisis de la covid, el partido nacionalista deja claro que su petición es para rechazar que las empresas incineren "no solo residuos sanitarios, sino todo tipos de residuos".

Esto afecta a una actividad actualmente desarrollada en la cementera a la que los nacionalistas siempre se han opuesto: la llamada "coincineración en las cementeras o valorización energética" que contempla su Autorización Ambiental Integrada, es decir, el permiso que según recuerda Compromís, "se deberá renovar o no en 2023" y fue aprobado por " la Consellería, es decir, por el Partido Popular, en abril de 2015, antes de la llegada de Compromís al gobierno de la ciudad o al gobierno de la Generalitat".

Por ello, el partido cree que ha llegado el momento de decir "basta". "Tanto si son residuos sanitarios de EPIS no COVID como otro tipo de residuos. Creo que lo mejor es evitar el mal, evitar que se puedan incinerar residuos en nuestra planta y, por lo tanto, lo que vamos a solicitar en la moción es que se traslade a la Generalitat la oposición de la ciudad de Sagunto a la incineración".

En este sentido, recalcan: "Compromís se ha opuesto siempre y va a continuar oponiéndose. Gobierne quien gobierne. Nosotros no miramos el color político que hay en la Consellería o en la Generalitat porque nuestra obligación es defender los intereses de nuestra ciudad y, evidentemente, el bienestar de los ciudadanos, y más todavía, cuando se trata de temas de salud".

Aún así, el portavoz del grupo, Quico Fernández, precisa que la gestión de residuos sanitarios "es una competencia de la Consellería de Sanidad, la Consellería de Salud Universal y Salud Pública", decía después de que Inicitiva Porteña aludiera a que se trataba de una competecia de la Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente que gestiona Compromís.

Fernández recalca: "Queremos ser una ciudad libre de incineración porque, las instalaciones, como hemos dicho ya en muchas ocasiones, se sitúan dentro de la propia trama urbana. Junto a instalaciones educativas, junto a de zonas residenciales, de zonas de carácter comercial. Es decir, es una fábrica integrada dentro de la propia ciudad. Y por tanto, tiene que ser especialmente garantista para evitar cualquier tipo de riesgo para la salud de las personas, ya sea por emisiones, ya sea por el transporte, o por cualquier accidente que tendría, lógicamente, unas consecuencias desastrosas".

Junto a ello, opina: "Creo que vuelve a ser el momento de que todos el grupos se retratan en la moción que presentaremos en el próximo pleno y que evitará que en el 2023 se vuelva a dar esta Autorización Ambiental Integral, que está en la base de todo el problema al que estamos aludiendo. A pesar de que ahora tenga un carácter extraordinario, pero nosotros pensamos que ni el carácter extraordinario justifica que se puedan utilizar las instalaciones de en nuestra ciudad para este uso que no entendemos que sea necesario", dice además de recordar que

"no todos el grupos, y algunos que han salido ahora a la palestra, se oponen a la incineración de residuos. En las ocasiones en qué Compromís ha planteado su oposición nos hemos encontrado que, entre otros, Iniciativa Porteña, el Partido Popular y algún otro, no han dicho que no. En el mejor del casos, se han abstenido. Y ésta es la situación de fondo".

Por ello, agregan: "Ya veremos qué es lo que votan a nuestra propuesta de no incineración en la planta de Lafarge en Sagunt, porque algunos son muy comprensivos con esta empresa y, a veces, parece que les preocupa más la marcha de esta multinacional que su afección a la salud de las personas", dicen además de recordar que ya presentó al pleno una moción en esta línea como la que se aprobó en febrero de 2019 o la que presentaron en 2011.