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Sagunt exige no repetir las irregularidades "muy graves" en el Malecón

El ayuntamiento aprueba las alegaciones al último deslinde, que revive la amenaza de la expropiación por más de 100 millones de euros

Una imagen de archivo del Malecón de Menera donde Costas insiste en localizar la parcela de Prosagunsa. | DANIEL TORTAJADA

En un capítulo repetido del conflicto entorno al Malecón de Menera, cuyos antecedentes se remontan más de un siglo y amenaza al Ayuntamiento de Sagunt con una expropiación por encima de los 100 millones de euros, la junta de gobierno aprobó ayer las alegaciones adicionales contra el nuevo intento de Costas de eliminar la protección sobre estos más de 60.000 metros cuadrados en primera línea de la playa del Port de Sagunt.

Como ya trató de hacer en 2014 hasta que una sentencia lo frenó, el organismo estatal pretende sacar de dominio público marítimo terrestre (DPMT) la parcela que la jurisdicción civil consideró propiedad de Prosagunsa, aunque los métodos utilizados resultan «desafortunados», «deficientes», «inexplicables», «tendenciosos», «alarmantes», «impensables» e incluso «ilegales y anticonstitucionales», según recoge la batería de alegaciones elaborada entre el departamento de Urbanismo y los servicios jurídicos del ayuntamiento.

Sobre este asunto, en el que la Demarcación de Costas debería seguir el ejemplo de la diligencia municipal, los técnicos señalan que «no se trata de juzgar posibles irregularidades producidas en los años 80, muy graves, pero se trata de no reproducirlas ahora». Entre los errores del organismo estatal que se señalan desde Sagunt destaca uno sobre el que se basó la sentencia que tumbó la última propuesta de deslinde, que es el estudio sobre la composición del subsuelo del Malecón.

Este análisis resulta clave para determinar si estos terrenos se ganaron al mar y por lo tanto deberían ser considerados DPMT. En el anterior pleito, el ayuntamiento demostró, con el estudio de los materiales hasta 4 metros de profundidad, que sus tesis eran correctas y ni siquiera ahora Costas es capaz de rebatirlo, ya que en este nuevo procedimiento presente un estudio que apenas «es mayor que los simples arañazos de superficie, ya que se han realizado catas de unos 30 centímetros de profundidad».

Los técnicos municipales concluyen su análisis asegurando que «si prospera la propuesta de la Demarcación de Costas se va a reiterar una paradoja similar a cuando el Estado -en este caso la Seguridad Social- vendió unos terrenos a Prosagunsa para satisfacer las deudas que un particular -la compañía minera de Sierra Menera- tenía contraído con el Estado, unos terrenos que el propio Estado ha venido sosteniendo siempre como suyos».

El concejal de Urbanismo, Quico Fernández, apunta que «no se trata de demostrar que han existido edificaciones, como pretende Costas, sino, al contrario, se trata de demostrar que gran parte del Malecón, si no todo, está sobre un dominio público natural». Pese a la solidez de estas alegaciones, Fernández teme que «tendremos que volver a litigar en los tribunales y seguro que ganaremos».

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