El Ayuntamiento de Sagunt ha regularizado el «caos contable» con el que funcionaba la Fundación de Patrimonio Industrial y Memoria Obrera del Port de Sagunt. A raíz de una auditoría que cubrió 2018 y el primer semestre de 2019, el consistorio ha puesto orden en los desfases entre los saldos en los balances de situación y en las cuentas de resultados; la falta de actualización de los estatutos; los incumplimientos en los procedimientos contractuales de bienes y servicios o las dudas sobre el registro de las actividades contables, entre otros aspectos que destapó este trabajo de Faura-Casas Auditors-Consultors.
Este análisis de la regularidad contable de la Fundación de Patrimonio Industrial, desarrollado en colaboración con el departamento municipal de Intervención, recuerda que la ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno obliga a las administraciones a «revisar jurídicamente los incumplimientos que pudiesen haberse producido para determinar la hipotética existencia de responsabilidad de naturaleza contable, administrativa o penal o incluso si son hechos que pueden considerarse como competencia de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana».
Y es que varios meses de puesta en orden de la contabilidad de la fundación solo han servido para obtener el visto bueno con reparos de las cuentas anuales de 2018 tras «diferentes regularizaciones y ajustes de los saldos contables para que reflejen la imagen fiel de la situación económico patrimonial y financiera de la fundación», según recoge un informe del interventor.
Además de la aprobación de las cuentas de 2019, el funcionario ahonda en que «en los saldos anteriores a 2018 no hemos podido aplicar los procedimientos de auditoría necesarios para evidenciar su conformidad y no podemos manifestarnos sobre su razonabilidad». Todos estos reparos tuvieron como primera consecuencia la rescisión del contrato de asesoría profesional que tenía la fundación y a partir de ahí «se ha ido aclarando la caótica contabilidad que se llevó antes de 2018», según apunta el concejal Roberto Rovira.
El que hasta hace unos meses era delegado de Patrimonio Industrial y ejercía las funciones de secretario de la fundación añade que «lo importante es que no existe fraude y el problema es que no se estaban haciendo las cosas bien desde un punto de vista técnico».
Desequilibrio
En el informe de 2019, que ha recibido el visto bueno este mes, Intervención señala que la fundación «no tiene aprobado un plan estratégico en el que estén diseñadas las líneas maestras y las actuaciones de futuro a medio y largo plazo de su gestión y cumplimiento de sus fines», así que «depende al 100 % de las decisiones estratégicas establecidas por el Ayuntamiento de Sagunt». La Intervención municipal va más allá en esta idea al apuntar que «la continuidad de la fundación dependerá del apoyo financiero que el ayuntamiento o de otras administraciones públicas, que permitan recuperar el equilibrio patrimonial, así como su capacidad para generar beneficios y recursos suficientes que le permitan atender sus deudas y realizar sus activos en el curso normal de su actividad».
Y es que, al cierre de 2019, la fundación presentaba «un fondo de maniobra (diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente) negativo, por importe de 196.584 euros y ha rendido un resultado negativo de 81.130 euros, que ponen de manifiesto un desequilibrio económico financiero y podrían implicar que la fundación tenga dificultades para hacer frente a los pasivos a corto plazo».
