Los socios de gobierno de Sagunt han vuelto a evidenciar sus diferencias con una cuestión que esta vez se ha resuelto en junta de gobierno con los votos a favor de PSOE-PSPV y EU, frente a la oposición de Compromís. Se trata de la autorización especial que se ha renovado a la cooperativa Transmorvedre para que sus camiones puedan atravesar el casco urbano cuando llevan un máximo de 40 toneladas de caliza desde la cantera del Salt del Llop hasta la cementera de Lafarge, ubicada también en la población, pero a unos 9 kilómetros de distancia, en el polígono industrial Sepes.
Este permiso supone una excepción a la ordenanza municipal de circulación aprobada en 2010, que especifica que el acceso a los polígonos industriales de Sagunt por parte de camiones que superen las 6 toneladas de peso «se deberá realizar obligatoriamente a través de las autovías A-7, A-23, así como la V-23 y la CV-309».
La autorización se ha otorgado por un plazo de un año a los 30 camiones de Transmorvedre, que suelen hacer entre 13 y 14 viajes al día. No obstante, deberán realizarlos de 5 de la madrugada a las 17 horas en días laborables, ya que en festivos queda prohibido, y siempre por el mismo itinerario: Desde la cantera a la antigua carretera nacional, la rotonda de la entrada norte a Sagunt y, de allí, hacia el Port para girar por la primera rotonda al polígono Sepes.
«Estamos contentos y solo esperamos que este tipo de autorizaciones se mantengan», decía a Levante-EMV José Fernández, el presidente de una cooperativa que da servicio a Lafarge desde hace casi 40 años y tiene en estos momentos « 30 socios y 6 trabajadores», admitía destacando que los camiones «sí van de vacío por la autovía» y sin querer entrar en más valoraciones.
Desde hace tiempo, la cooperativa ha defendido esta medida «por una cuestión de seguridad» ya que, cuando en 2018 el gobierno local presidido por Quico Fernández (Compromís) les prohibió atravesar el casco urbano, detectaron dos puntos peligrosos: La incorporación de los camiones a la autovía A-7 y a la autovía A-23, pues en ambos casos los vehículos cargados tienen dificultades para sumarse a carreteras de varios carriles con tráfico a alta velocidad; un extremo que en el segundo caso se agrava más al tener que cruzar rápidamente al carril de la izquierda para ir al Port de Sagunt, como pudo vivir en persona la que fuera edil de Movilidad Urbana en el anterior gobierno municipal, Roser Maestro, que hizo el recorrido y luego propició una autorización temporal similar a la aprobada ahora.
En EU se sigue respaldando esta postura tanto por este motivo como por «una cuestión medioambiental porque se hacen muchísimos menos kilómetros y se emite muchísimo menos CO2. Además a nivel económico es mejor para la cooperativa teniendo en cuenta la grave crisis que atravesamos», decía el edil Roberto Rovira recalcando que el permiso aprobado «tiene unas franjas horarias y una ruta muy concreta», mientras el PSOE declinaba hacer declaraciones.
Aún así, Compromís entiende que el permiso «incumple el espíritu de la ordenanza, que intenta evitar que los camiones pasen por la ciudad» y responde a «una interpretación entre arbitraria e interesada, sino muy forzada» de ese texto, decía su portavoz, Quico Fernández, además de apuntar que las excepciones «deben reservarse a cuestiones específicas, cuando no hay alternativa», como el llevar material para una obra dentro de la ciudad.
«Como en València»
Por ello, Fernández estima que el caso de Transmorvedre es equiparable a lo que pasa en València capital con el tráfico de vehículos pesados que va en dirección al puerto marítimo, «que también se ven obligados a ir por la circunvalación y hacer muchos más kilómetros para no atravesar el casco urbano».
Junto a ello, cree que las razones que avalan la petición de Transmorvedre son «de tiempo y de beneficio», por lo que cree que «debe ser la empresa para la que trabajan la que les habría de compensar un itinerario que no es sensiblemente más largo, sino un poco más largo», apuntaba Fernández, respecto a una medida que la cementera ya tomó cuando se les obligó a ir de vacío por la autovía.
El nacionalista añade que «los perjuicios de esta decisión son muy considerables» pues, en su opinión, el paso de estos camiones «aumenta la inseguridad de personas y vehículos, además de ser un obstáculo para el tráfico; aumenta la contaminación directa, en contradicción con compromisos del ayuntamiento, como las Ciudades por el Clima. Y, al estar cargados de caliza, deterioran el asfalto; algo que pagamos todos los ciudadanos. Así que somos nosotros, y no Lafarge, los que subvencionamos este transporte», decía además de verlo perjudicial para la imagen de la ciudad.
A su juicio, «éste es un caso más de decisión política y no técnica que ha de escoger entre el interés general vinculado a la seguridad y el privado, vinculado a la inseguridad. Y nosotros, lo tenemos claro. Primero, el interés público y general», concluye.
Desencuentros hasta en una moción sobre Gaza
La división de opiniones en el tripartito de PSOE, Compromís y EU se ha visto en varios asuntos, como la frustrada integración del Consell Agrari en el ayuntamiento por la falta de apoyo nacionalista y el fallido recambio del gerente de la SAG por desmarque de EU. En el último pleno, fue en un tema supramunicipal: El PSOE propició la retirada de la moción de condena a los bombardeos en Gaza que llevaban sus socios.
