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Sagunt tiene 1,4 millones de m2 de suelo como el del vecino al que deberá devolver IBI

El alcalde, Darío Moreno, reconoce que la reciente sentencia acelera la ordenación pormenorizada de varios sectores

Una vista de viviendas en la partida de Bonilles de Sagunt. | DANIEL TORTAJADA

Una vista de viviendas en la partida de Bonilles de Sagunt. | DANIEL TORTAJADA

Cerca de 1,4 millones de metros cuadrados. Esos son los terrenos de los cuatro planes especiales de reforma interior (PERI) de Sagunt que tienen una consideración urbanística similar a los 7.600 m2 en la partida de Bonilles por los que una sentencia ha condenado al ayuntamiento a devolver a su propietario entre 7.000 y 8.000 euros por el cobro durante varios años del impuesto de bienes inmuebles (IBI) de carácter urbano, cuando la falta de servicios obliga a su consideración como finca rústica, tal y como ya informó Levante-EMV.

Además de Bonilles (PERI 3), que se extiende por más de 830.000 m2, esta situación afecta a La Pinada y el Pla del Bou (PERI 4), que cuentan con 367.000 m2; la zona de la Cantera y Partidors (PERI 5), que tiene casi 91.000 m2; así como el Pere Gil (PERI 6), que engloba 65.500 m2. Todas estas zonas tienen en común la clasificación como suelo urbano, zonificación residencial aislada, en el plan general de ordenación urbana (PGOU), que contempla desde su entrada en vigor en 1997 la ordenación pormenorizada a través de posteriores planes de reforma interior, que casi 25 años después no se han desarrollado.

Precisamente éste es ahora el objetivo del Ayuntamiento de Sagunt, según reconoce el alcalde, Darío Moreno, en declaraciones a este rotativo. «Hemos recibido la sentencia y nos plantemos cumplirla cuanto antes, pero queremos dar una solución definitiva, que no pasa por emprender una campaña a lo loco para devolver impuestos, porque sería temerario», explica el socialista.

Aunque asegura que el consistorio ya estaba en un proceso tanto urbanístico como tributario para resolver esta cuestión, el alcalde reconoce que «con la sentencia firme, se abre un abanico de posibilidades para avanzar. Debemos analizar los planes especiales para localizar los viales, los dotaciones, las zonas de monte público, las construcciones urbanas y los campos de cultivo con el objetivo de desarrollar la ordenación pormenorizada y en esto estamos trabajando», de forma más «acelerada» desde que hace unos días se conoció el fallo del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de València.

En el caso de que los condicionantes urbanísticos no permitieran hacer efectiva la condición teórica de suelo urbano de estas zonas, Moreno reconoce que «las viviendas tienen mal encaje legal». En este caso se encuentran cientos de inmuebles, que solo en el caso del polígono 20, incluido dentro del ámbito del PERI 3, ascienden a más de medio millar, en su inmensa mayoría, segundas residencias, que se encuentran en suelo urbano no programado.

Régimen transitorio de 24 años

Según el informe municipal incorporado a la causa judicial, las «normas urbanísticas del PGOU fijaron un régimen transitorio (mejor dicho, se produjo una remisión) conforme al cual era posible el otorgamiento de licencias que permitiese la consolidación de derechos pero conciliándolo con la ordenación definitiva que en futuro se aprobase, sin imposibilitarla. A fecha de hoy no se ha articulado por el ayuntamiento ninguna iniciativa para definir, definitiva y completamente, la ordenación pormenorizada de dichos ámbitos».

Después de que el juzgado haya dado la razón a Alberto Marigil y le haya reconocido el derecho de que su parcela sea reconocida como rústica por carecer de servicios urbanos pese a contar con esta clasificación catastral, este vecino de Sagunt mantiene la puerta abierta a una reclamación por la vía penal contra técnicos y políticos por un presunto delito de prevaricación.

Sobre esta posibilidad, a la que también podrían acudir otros afectados, el alcalde señala que «personalmente estoy tranquilo, porque las decisiones las tomo con respaldo técnico». En esta línea, Moreno insiste en que «si no hemos adoptado medidas antes es porque pensábamos que lo estábamos haciendo bien. Otra cosa es que, ya con la sentencia, nos negáramos a solucionar el asunto, pero no es el caso».

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