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"Acuamed nos lleva a un callejón sin salida para pagar 25 millones"

Parc Sagunt II se presenta como solución para el acuerdo

"Acuamed nos lleva a un callejón sin salida para pagar 25 millones"

"Acuamed nos lleva a un callejón sin salida para pagar 25 millones"

Sin acuerdo sobre la desalinizadora. Así se cerró el reciente encuentro mantenido entre los máximos representantes del Ayuntamiento de Sagunt, Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Y no solo eso, sino que el alcalde, Darío Moreno, reconoce en palabras a Levante-EMV que la reunión sirvió para profundizar los «desencuentros» entre el consistorio y la empresa estatal, ya que «nos quieren llevar a un callejón sin salida para pagar los 25 millones de euros pendientes de la amortización de la planta».

El socialista añade que desde el consistorio se trasladó la «injusticia» que supondría tener que pagar «el 100 %» de la planta con fondos municipales, un aspecto en el que encontró el apoyo de la CHJ, que coincidió en la necesidad de buscar los puntos de encuentro, «que los hay», señala Moreno.

Además del alcalde, a la reunión acudieron los presidentes de Acuamed, Francisco Baratech, y la CHJ, Miguel Polo, así como el concejal de Aguas de Sagunt, Pepe Gil. Este último señala que ese consenso pasa porque «Parc Sagunt II se haga cargo de la compra de la instalación, algo por lo que también apuesta la CHJ, debido a las grandes necesidades de agua», que tendrá el desarrollo de estos 5,6 millones de m2.

Más allá de esta cuestión, el edil de Compromís señala que, la intención inicial por parte de Acuamed es «que firmemos un nuevo convenio en el que se alarga hasta 40 años el periodo de amortización y se rebaja sensiblemente el precio del metro cúbico que nos ofrecieron en un principio». En cualquier caso, la postura municipal fue la de «no aceptar», mientras esa tarifa «no sea inferior a la que pagamos actualmente, que está en el entorno de los 0,41 céntimos por metro cúbico». Cabe recordar que, tras una inversión de más de 43 millones acabada desde hace años, Acuamed solo ha podido cerrar el acuerdo con un cliente, Oxígenos Sagunto, al que vende el agua a 0,61 céntimos por metro cúbico.

En esa reunión también se planteó la posibilidad de dilucidar estos desencuentros en los tribunales, algo que «ni ellos ni nosotros queremos», asegura Gil. En cualquier caso, desde la empresa estatal se señaló que, si no se alcanza un acuerdo en «un tiempo prudencial», no tendrán «más remedio» que presentar una denuncia por el impago de las facturas trimestrales que Acuamed está girando al consistorio.

Malversación de fondos

Otro asunto que colea es el gasto real que se dedicó a la desalinizadora de Sagunt, que oficialmente son cerca de 43,5 millones de euros de los que 18 procedían de fondos europeos. En esta línea, Gil recuerda que «15 días después de la primera reunión con Acuamed que tuvo Quico Fernández como alcalde metieron a la cárcel a su interlocutor» por, entre otros delitos, una supuesta malversación de fondos públicos. «No tenemos la seguridad -asegura Gil- de que estas prácticas no se realizaran también con la construcción de la desaladora de Sagunt».

Un último punto se refiere a la insistencia desde el ayuntamiento de que la planta no ha cumplido todos los trámites urbanísticos para obtener la licencia municipal de actividad. Según se desveló en esa reunión, este tema parece en vías de solución a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

La asociación de vecinos La Forja del Port de Sagunt ha reclamado al ayuntamiento el cumplimiento del acuerdo plenario que se adoptó a finales del año pasado en torno a la desalinizadora a propuesta del colectivo. Ese punto reclamaba el estudio por parte de los servicios jurídicos municipales de la posibilidad de denunciar el convenio que carga sobre las arcas municipales la amortización de la planta, así como transparencia sobre los costes reales de su construcción y la recopilación de toda la información sobre este asunto en un expediente accesible para la ciudadanía.

«El resultado de ese acuerdo -lamentan desde La Forja- ha sido un olvido institucional generalizado. Desgraciadamente, se está cumpliendo una hoja de ruta que ya preveíamos pues el problema puede ser aún mayor si en un futuro se sustituyera por agua desalada las actuales reservas hídricas que el municipio tiene concedidas por ley».

La asociación vecinal insiste en que «la dilación en el tiempo para abordar de forma firme y decidida el problema podía jugar en contra de nuestros intereses. Quienes firmaron el convenio con unas cláusulas difícilmente explicables para los intereses de la ciudadanía son responsables de la situación, pero de todas formas hay que abordarla, porque todavía es posible realizar una defensa firme de nuestros intereses». Desde La Forja añaden que esta cuestión empieza por «un compromiso y decisión política que trascienda las disciplinas de partido y prime el interés general del municipio por encima de otras cuestiones».

Este colectivo abunda en que «esperemos que el resultado final no sea una estocada más a nuestra maltrecha economía y que la ciudadanía y tejido productivo no tengan que asumir una losa de estas características, cuyo peso toma reflejo mediante unos costes presuntamente muy superiores a los establecidos inicialmente» y que rozan los 100 millones de euros, según el coste de explotación y mantenimiento de la planta.

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