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La fiscalía pide 17 años de cárcel al dueño de Avialsa

El empresario saguntino está acusado de seis delitos contra la Hacienda Pública y uno continuado de falsedad en documento mercantil

Vicente Huerta, en una imagen de archivo. | JOSÉ ALEIXANDRE

Vicente Huerta, en una imagen de archivo. | JOSÉ ALEIXANDRE

El empresario saguntino Vicente Huerta se enfrenta a un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el dueño del grupo Avialsa una pena de 17 años y tres meses de prisión por seis delitos fiscales, además de acusarle de otro continuado de falsedad en documento mercantil.

En un documento firmado el 19 de julio, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la fiscal Virgina Abad se apunta a que Huerta constituyó en 2006 el Holding Empresarial Avialsa S.L. cuya actividad consistía en la prestación de servicios de prevención y extinción de incendios forestales para la administración. Pero, además, según el escrito de acusación, el empresario creó otra sociedad en 2006 y la «instrumentalizó para canalizar las retribuciones que en su condición de socio percibió de varias empresas mediante la emisión y recepción de facturas que no respondían a operaciones reales».

Además del grupo empresarial, en 2003, Huerta constituyó la Fundación Medioambiental Huerta Comunidad Valenciana que, según la fiscal, no ha servido a sus objetivos funcionales y ha sido utilizada, dado su régimen tributario especial, para aprovecharse de las ventajas fiscales de dicho régimen.

Así, concluye que Huerta, actuando en su condición de administrador de su grupo de empresas, «guiado por el ánimo de procurarse un beneficio fiscal ilícito», planificó un sistema de tributación ilegal para reducir su carga fiscal en el IRPF que consistía en la obtención de rentas en especie, por la utilización, consumo u obtención para fines particulares de bienes, derechos o servicios de forma gratuita, o por precio inferior al de mercado, que no fueron declaradas en el impuesto.

Concretamente, estas rentas consistieron en la utilización de vehículos y trabajadores para fines propios, así como la compra de bienes y servicios para su uso y disfrute personal, que fueron facturados a las entidades del grupo empresarial por terceros proveedores, haciéndolos pasar como gastos sociales.

Asimismo, percibió retribuciones de varias empresas utilizando a otra compañía como entidad instrumental para su percepción, empleando para ello un sistema de facturación «mendaz» cruzada entre las empresas que no respondía a operaciones reales.

Los gastos particulares del director del grupo empresarial, según la fiscal, fueron «deliberadamente consignados» por el acusado en las autoliquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades (IS) de las compañías encargadas de sufragarlos, generando unos gastos sociales y cuotas de IVA soportado ficticias que minoraban ilegalmente su cuota tributaria.

La fiscal entiende, no obstante, que «concurre la atenuante analógica de reparación del daño» respecto a varios delitos fiscales.

Caso diferente

Este procedimiento es independiente al conocido como caso Avialsa, en el que se han investigado irregularidades con contratos públicos sobre aviones para extinguir incendios y que acabó con la detención del entonces delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano.

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