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Abren juicio a la alcaldesa de Torres Torres por insultar y amenazar a su predecesor

La alcaldesa, tras jurar el cargo después de la moción de censura Tortajada

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Sagunt ha ordenado la apertura de juicio oral contra la alcaldesa de Torres Torres, María Amparo Bolós, por un supuesto delito de atentado, que cometió en octubre de 2019 al intentar insultar y amenazar al entonces alcalde, Víctor Mateu, del PP.

Amparo Bolós, del partido Todo por Torres Torres, accedió a la alcaldía en una moción de censura precisamente a Mateu el 21 de febrero de este año y gobierna desde entonces con el apoyo del PSPV.

Los hechos que denunció Mateu, fallecido el pasado 9 de febrero (ahora la causa la continúa el PP), se produjeron el 22 de octubre de 2019, cuando el entonces alcalde se encontraba en su despacho.

Según declaró Mateu a la Guardia Civil, la denunciada accedió con su marido al despacho de alcaldía y empezó a insultarle diciendo "eres un hijo de puta, eres un desastre, por culpa tuya mis hijas se van a ver en el juzgado" -en alusión a un denuncia previa-, y trató de arremeter contra él, impidiéndolo su marido y la contable del Consistorio.

"Después de conseguir sacarla del ayuntamiento, le volvió a insultar diciendo que su madre era una puta y que se entendía con la dueña del bar de la piscina", según hizo constar la Fiscalía en un escrito en el que pedía el procesamiento de Bolós por un delito leve de lesiones.

En su denuncia, el anterior alcalde -y ahora el PP local- reclama una pena de 6 años de prisión para la actual alcaldesa y una multa de 21.600 euros.

El juez de instrucción ha remitido el auto de apertura de juicio oral a las partes para que remitan sus escritos de acusación y defensa.

La alcaldesa de Torres Torres ha asegurado en declaraciones a Levante-EMV estar tranquila, "pues esto es 'pecata minuta' para lo que le espera al exalcalde del PP", decía en relación a una denuncia de la Fiscalía al exalcalde, Alfonso Guillem, por un presunto delito de malversación de caudales públicos relacionado con un cobro supuestamente irregular de 23.288 euros en concepto de dietas y 13.133 euros en concepto de desplazamientos de los fondos públicos durante los ejercicios 2011 a 2015.

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