El Malecón de Menera se ha convertido por derecho propio en uno de los temas más recurrentes a lo largo de los años en el orden del día del pleno del Ayuntamiento de Sagunt. La última sesión no fue una excepción, gracias a la moción presentada por EU como respuesta al paso más reciente de la dirección general de la Costa y el Mar para eliminar la protección sobre estos cerca de 60.000 metros cuadrados en la fachada litoral del Port.
La novedad más significativa de este acuerdo unánime es la solicitud a la Abogacía del Estado de que investigue la actuación del organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que sigue empeñado en sacar el Malecón de dominio público marítimo terrestre (DPMT). La única justificación que esgrime es la sentencia de 2010 que declaró la titularidad privada de una parcela, que no se llegó a localizar, mientras los argumentos municipales cuentan con el respaldo del pronunciamiento judicial que tumbó el anterior intento de Costas de practicar un deslinde. No hay que olvidar que esa desprotección dejaría solo al ayuntamiento frente a una hipotética nueva reclamación de expropiación, que la empresa propietaria ya planteó hace unos años por valor de más de 100 millones de euros.
Esta solucitud de "análisis de la actuación" de Costas también se ha trasladado al Consejo de Ministros, según recoge la moción, que basa sus sospechas en la "insistencia" de la dirección general de la Costa y el Mar en agilizar el procedimiento, después de ser también la instigadora. "Es muy grave, cuando, además, la Demarcación de Costas de València no pretendió iniciar el expediente". Este empeño choca también con otros intereses del Estado en este asunto, ya que una empresa dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) también reclama la propiedad de una parte de los terrenos del Malecón de Menera.
La propuesta plenaria de EU, que se aprobó con una enmienda de Compromís, también solicita una reunión con la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la directora general de la Costas y el Mar, Ana María Oñoro, para exigir la anulación del expediente del deslinde. Además, la moción reclama que se elabore y ejecute un proyecto de protección, regeneración, defensa, conservación y uso público de esta parcela.
