La empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) ha cumplido su amenaza de denunciar al Ayuntamiento de Sagunt por la supuesta deuda de más de 5,2 millones de euros que acumula el consistorio en el pago de la amortización de la desalinizadora. Así lo advirtieron hace ya unos meses los responsables de esta organización dependiente del Ministerio de Hacienda, que ahora emprende la vía judicial porque el consistorio ha seguido rechazando las facturas del canon de amortización correspondientes a 2019, 2020 y 2021, según los cálculos recogidos en el polémico convenio firmado en 2007 por ambas partes.
En aquella reunión con los dirigentes de Acuamed asistieron el alcalde, Darío Moreno, y el concejal de Aguas, Pepe Gil, quien, este último, explica a Levante-EMV que, tras recibir la notificación del recurso contencioso administrativo presentado por la empresa pública, «los servicios jurídicos ya estudian la documentación». Frente a esta vuelta de tuerca en las relaciones entre ayuntamiento y Acuamed, el edil de Compromís convocó una comisión especial de Aguas para informar al resto de formaciones políticas y a una representación vecinal. Gil reconoció en este foro que hace unos meses se aprobó una moción en el pleno para denunciar el convenio, pero «no lo hicimos porque estábamos en negociaciones para solucionar el conflicto por otra vía».
Sin embargo, ahora «hay que dar una respuesta», porque estos más de 5,2 millones de euros son solo los primeros pagos del acuerdo firmado en su día por la alcaldesa de Sagunt, Gloria Calero, y el director general de Acuamed, Adrián Baltanás, que contempla un periodo de amortización de 25 años. Sobre este punto cabe recordar que le empresa estatal asegura que liquidó la construcción de la desalinizadora en cerca de 40 millones de euros, más 6 millones en obras complementarias, de los que 16,8 millones procedían de fondos europeos.
A este respecto y pese a reconocer que las cantidades que Acuamed exige son las reflejadas en el convenio, Gil añade que «el ayuntamiento nunca ha firmado ningún documento en el que se reconozca el coste final de la planta». Más allá de esta cuestión, el edil insiste en que «el Estado es el que tiene que hacerse cargo de esta instalación, como ya ha hecho en Cataluña. Reclamamos que en nuestro caso y en todo el País Valencià se haga lo mismo».
El nacionalista recalca que «el convenio es abusivo, pero resulta evidente que todo es un tema de precios. No habría mayor problema si el suyo fuera más barato, incluidos los gastos de amortización, pero no puede ser que nos cueste más y encima no se incluya la liquidación de las obras».
Frente a estas explicaciones, el portavoz del PP, Sergio Muniesa, señala que la demanda por 5,2 millones es la consecuencia «de la falta de acción del tripartito dirigido por Darío Moreno, según venimos criticando desde hace tiempo».
Los populares, que se opusieron desde el principio a la construcción de la desalinizadora, ya advirtieron a raíz de la primera factura de 2,3 millones remitida por Acuamed el pasado año que «estábamos de acuerdo con rechazar el pago, pero debíamos pertecharnos jurídicamente, porque estaba claro que ellos presentaban estas liquidaciones con algún objetivo, que ahora se ha comprobado».
Muniesa insiste en que el gobierno local «no ha hecho nada para modificar ese convenio y que el ayuntamiento no aparezca como usuario único de esta chapuza hídrica. Tampoco recurrieron el plan hidrológico que contemplaba la sustitución de la concesión del metro cúbico por agua desalada y mucho menos han denunciado el convenio, pese al mandato plenario».
Estudios «radicalmente» falsos
El edil del PP lamenta que, frente a esta «aberración», el tripartito «se limita a plantear aspectos formales, como que la parcela no ha sido recepcionada, sin atacar el fondo del asunto. Solo falta que echen toda la culpa a Acuamed, cuando los causantes son ellos, que impulsaron una desaladora que no hacía ninguna falta y que se quiso justificar en estudios radicalmente falsos».
