El pulso entre el Ayuntamiento de Sagunt y Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) continúa en los tribunales. La empresa estatal, como había advertido hace tiempo, ha presentado la demandado contra el consistorio en el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de València por el «impago de las facturas correspondientes a los costes fijos y de amortización de la desaladora desde el segundo trimestre de 2019, según el convenio regulador firmado entre las partes en fecha 11 de enero de 2007», explican desde el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda en declaraciones a Levante-EMV.
Además de señalar que no es la primera vez que emprende la vía judicial en situaciones similares, desde Acuamed lamentan también los intentos infructuosos con los que «de forma reiterada» ha pedido al Ayuntamiento de Sagunt la convocatoria de la comisión de seguimiento «para intentar solucionar el conflicto». En la postura de la empresa estatal también pesa que le ha solicitado al consistorio «el uso de la red de distribución municipal, necesaria para materializar el abastecimiento a otros usuarios industriales, pero no hemos obtenido respuesta hasta el momento».
Las negociaciones más recientes para resolver las «discrepancias» entre ayuntamiento y Acuamed, «conscientes ambas partes de la necesidad de que la planta entrase en funcionamiento», se remontan a 2018, cuando la empresa pública remitió al consistorio una propuesta para iniciar el suministro de agua desalada mediante el traslado al ayuntamiento de los costes operativos, dejando suspendido cinco años el pago de la amortización.
Nuevos usuarios
Según esta versión, las dos partes alcanzaron en febrero de 2019 un principio de acuerdo, según el cual la planta se pondría en marcha, mientras se llegaba a acuerdos con nuevos usuarios para ampliar en un periodo de tres años el ámbito de actuación de la desalinizadora con una tarifa transitoria. En estas circunstancias, recalcan desde Acuamed, se hubiera podido replantear el convenio, «al objeto de incorporar a los nuevos usuarios con una tarifa que permitiera cubrir los costes de producción y de amortización».
Se establecía un consumo mínimo de 600.000 m3 al año y un precio que se iba incrementando desde los 0,465 €/m3 del primero a los 0,526 €/m3 del tercero. Como comparación, el único cliente con el que cuenta la desalinizadora por el momento, Oxígenos de Sagunto, está comprando el agua a 0,61 €/m3, que «cubre la amortización y explotación de la parte de infraestructura que utiliza», mientras que a la conclusión de las obras de la planta, a Gas Natural Fenosa se la ofreció a 0,856 €/m3.
Tras el rechazo plenario en marzo de 2019 de este acuerdo, que «sí suscribieron, en condiciones casi idénticas, los ayuntamientos de Moncofa, Xilxes, Benicàssim, Oropesa y Cabanes», y «en cumplimiento del convenio vigente», en octubre del 2019 se remitió al consistorio saguntino la primera factura, a la que se ha ido sucediendo el resto con una periodicidad trimestral que ahora los juzgados dirimirán si se tienen que pagar.
Uno de los vecinos de Sagunt más activos entorno al conflicto de la desalinizadora entre el ayuntamiento y Acuamed es Ricardo Fernández, quien preside la asociación vecinal de La Forja, es miembro de la comisión municipal de Aguas y acudió a la que hubo a principios de semana. «Nos insistieron -en referencia a los grupos políticos- que están dispuestos a denunciar el convenio -como acordaron hace aproximadamente un año a propuesta vecinal-, aunque también les dijimos que estamos hasta el moño de los acuerdos que se toman en el pleno y luego no se cumplen», explica a Levante-EMV.
Más allá de esta cuestión, Ricardo Fernández lamenta que, como se veía venir, «este expediente ha acabado en los tribunales el día después de pasar por las manos de un funcionario que cumple con su obligación» y recuerda que el convenio entre Acuamed y el ayuntamiento «contempla pagos de 60 millones de euros entre los costes de gestión, mantenimiento o amortización de las obras».
Además de proponer a los consistorios afectados que se junten para exigir soluciones, el representante vecinal apunta que «y luego está el plan hidrológico, que contempla la utilización en Sagunto de agua desalada en sustitución del metro cúbico, que se iría a otra parte». Así Fernández plantea que «si nos obligan a pagar la tarifa de la desaladora y nos quitan el agua a precio de pantano, el Estado tendrá que compensarnos».
«Si nos obligan a que compremos agua desalada, el Estado tendrá que compensarnos»
El presidente vecinal de La Forja dice estar «hasta el moño» de acuerdos que no se cumplen
Rafa Herrero. Sagunt
