La sala contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha dado aparente carpetazo a un asunto que se originó en Sagunt y cuyo recorrido ya supera los siete años. Concretamente fue en febrero de 2014 cuando una mujer fue acusada por un delito de homicidio en grado de tentativa, que hizo que el juzgado de instrucción número 4 de Sagunt dictara su ingreso en prisión preventiva.

La sospechosa permaneció encarcelada en el centro penitenciario de Pîcassent durante 45 días, concretamente hasta el 1 de abril, mientras seguían las investigaciones. Ya en junio de 2016 fue cuando el juzgado de lo penal número 11 de València emitió una sentencia absolutoria, que movió a esta mujer a reclamar una indemnización de 60.000 euros por el «funcionamiento anormal» de la administración de Justicia. Este procedimiento de responsabilidad patrimonial lo dirigió contra el Ministerio de Justicia, cuyo secretario de Estado lo rechazó en marzo de 2019.

Unos meses después, esta mujer trasladó su reclamación a los juzgados y tuvo que esperar hasta hace unos semanas, cuando la Audiencia Nacional estimó parcialmente el recurso al concluir que la desestimación de la solicitud de una compensación por la estancia en la cárcel «no fue conforme a derecho», aunque solo concedió a la demandante una indemnización de 1.000 euros en concepto de daños.

Daños morales

En la argumentación de la sentencia, que «no es firme y frente a ella cabe recurso de casación», se explica que «el único concepto aquí indemnizable es el daño moral que toda privación de libertad comporta y que engloba los daños por la ruptura con el entorno familiar, angustia, ansiedad, inseguridad, inquietud, frustración, fastidio, irritación o temor y que se cuantifica teniendo en cuenta las cuantías fijadas por el Tribunal Supremo tras la nueva redacción de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)».

El fallo añade que «la falta de la necesaria justificación que compete a quien insta la indemnización» hace que no se puedan valorar circunstancias que el Supremo establece en sus «pautas orientativas», como «la edad, la salud, la conducta cívica, los antecedentes penales o carcelarios, la rehabilitación de la honorabilidad, la mayor o la menor probabilidad de alcanzar el olvido social del hecho o la huella que hubiera podido dejar la prisión».

Sin incapacidad tras ser sorprendido en el Puerto Siles

Un hombre de 35 años ha visto rechazada su solicitud de incapacidad permanente total para la profesión habitual de almacenero, derivada de un accidente de trabajo cuando un bote de pintura de 25 kilos le golpeó la rodilla derecha. Tras pasar por el quirófano y extenderse las lesiones a la cadera y la pierna izquierda, la petición no ha prosperado después de que un detective sorprendiera al demandante en su embarcación en el Puerto Siles de Canet d’en Berenguer.