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Sanitat paga 37.000 € a una mujer por un diagnóstico tardío en Sagunt

El área de salud tardó más de un año en detectar una infección tras la implantación de una prótesis a una septuagenaria, lo que llevó a un tratamiento «mucho más agresivo»

Acceso principal del Hospital de Sagunt. | DANIEL TORTAJADA

Una septuagenaria ha sido indemnizada con cerca de 37.000 euros, después de que el departamento de salud de Sagunt tardara más de un año en detectarle una infección tras la implantación de una prótesis total en la rodilla derecha, como respuesta a la artrosis que padecía.

Pese a los problemas de movilidad y el dolor que reportó en sucesivas consultas, sendos informes médicos reconocen el «retraso en el diagnóstico», lo que obligó a «recurrir a un tratamiento mucho más agresivo de lo que hubiera sido el recambio del polietileno» si se hubiera detectado cuando, al mes de la operación, la mujer acudió a Urgencias.

Por contra y después de la implantación de la prótesis a finales de abril de 2015, el calvario de esta paciente incluyó nueve intervenciones quirúrgicas desde que un traumatólogo tuvo las primeras sospechas de la infección y, en agosto de 2016, le retiraron los componentes femoral y tibial, hasta que, en diciembre de 2017, se le practicó, ya en el Hospital La Fe de València, una «dehiscencia de la herida», que puso fin al tratamiento.

En este tiempo y además de los seis días que permaneció en el Hospital de Sagunt por la primera intervención, esta mujer estuvo ingresada más de 200 días, dos de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

El cobro de esta indemnización, baremada en algo más de 21.000 euros por las secuelas y casi 15.500 por las lesiones temporales, no ha tenido que pasar por los tribunales, ya que, primero la Comisión de Valoración del Daño Corporal (CVDC) de la Conselleria de Sanitat y posteriormente el Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana, han coincidido en que se produjo un «anormal funcionamiento del servicio público» por una «deficiente asistencia sanitaria».

El CJC señala en un reciente dictamen que «en las reclamaciones sanitarias existe un importante componente técnico, por lo que hay que atender al contenido de los informes médicos». En este caso, tanto la CVDC como el Servicio de Inspección de Servicios Sanitarios coinciden en la «mala praxis» por la «falta de diligencia en la apreciación de los síntomas y en las pruebas realizadas o que debieron realizarse». Concretamente hablan de una «omisión» en la actuación sanitaria que no se adecuó «a los parámetros médicos» en las consultas de Urgencias, Atención Primaria, Rehabilitación o Cirugía por las que la paciente fue pasando durante el año posterior a la primera operación hasta que se le detectó la infección periprotésica.

Un aspecto que dio más argumentos a la reclamación de esta mujer fueron los análisis realizados en noviembre de 2015, que ya presentaban indicadores de que «la infección estaba presente desde poco después de la intervención». En este punto era de tipo II, con lo que hubiera bastado un desbridamiento y la sustitución del polietileno, pero «la valoración incompleta» de los resultados y el «vacío de seguimiento» durante siete meses la convirtieron en una infección de tipo IV, que obligó al recambio en dos tiempos de la prótesis, todavía en el Hospital de Sagunt. Sin embargo, la «evolución -de la paciente- fue mala», por lo que se remitió a La Fe, donde, tras siete operaciones, fue dada de alta.

Consentimiento incompleto

Otro aspecto destacado por la Inspección Sanitaria en este expediente, que recoge también la calificación de «enferma poco colaboradora» que recibió la paciente por parte del servicio de Rehabilitación, es que el consentimiento informado que se firmó para la implantación de la prótesis «está incompleto, ya que no lleva fecha, no consta el procedimiento y solo hace referencia genérica a que la paciente ha sido informada de ‘los beneficios que se esperan y el tipo de riesgos que comporta’ la intervención».

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