«Totalmente esperado de un organismo que está al servicio de las instituciones políticas». Así reacciona Francisco Crispín, exalcalde de Sagunt y exjefe municipal de Actividades, al dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que ratifica el rechazo del ayuntamiento a la reclamación de 500.000 euros del exconcejal socialista y dos de los cuatro técnicos que fueron absueltos de la acusación de dar un uso fraudulento al complemento de 150 euros anuales que recibían para la compra de ropa.
Tras esta exoneración y como respuesta a los «daños morales» ocasionados por una «mala praxis administrativa», Crispín y los dos técnicos reclamaron al ayuntamiento una indemnización de 300.000 y 100.000 euros cada uno, respectivamente. En el primer caso, sus argumentos se centraban, según el informe médico de verano de 2020 que presentó, que «en los últimos cuatro años, ha sufrido varios episodios de ansiedad, así como depresión, con alteración de carácter e incluso de conducta, que ha requerido tratamiento con ansiolíticos».
En la reclamación, Crispín añadía que «he tenido que sufrir daños morales a mi honor e imagen pública, como ser expulsado del partido al que pertenecía». El socialista insiste en palabras a Levante-EMV que con la denuncia presentada por el entonces concejal de Personal, Sergio Moreno, «destruyeron mi vida política».
En cuanto a los técnicos, ambos defendían su derecho a ser indemnizados por la detención y el traslado al calabozo, «que supuso una experiencia muy traumática». Uno de ellos esgrimió también daños económicos y que este episodio «le provocó alteraciones de orden nervioso y depresión, por las cuales estuvo en situación de incapacidad permanente, tratamiento psiquiátrico y psicológico, por las que se ha estado medicando».
Falta de cooperación
En noviembre de 2020 se presentó la reclamación, aunque los informes municipales no se emitieron hasta la primavera de 2021, cuando el departamento de Recursos Humanos aportó el artículo del convenio colectivo sobre la compensación por el desgaste de la ropa y el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales defendió su correcto funcionamiento, así como «la falta de cooperación de los técnicos de Actividades».
A esto último, añadía que esos trabajadores «obstaculizaron la labor del departamento, mediante su negativa a rellenar formularios que permitieran evaluar los riesgos concretos de sus puestos; a recoger los EPI que el ayuntamiento ponía a su disposición; a realizar cursos de formación específicos; a asistir a la reuniones a las que habían sido convocados por el Servicio de Prevención; a dejarse acompañar por la técnico en sus visitas para evaluar in situ el trabajo que hacían».
Con estos mimbres, el ayuntamiento resolvió en octubre desestimar la reclamación por «inexistencia de relación de causalidad, en base a que la demanda penal no fue interpuesta por la administración, sino por el concejal a nivel particular».
Esta denuncia presentada en 2016, sobre la que Crispín acusa de instigadores al entonces alcalde, Quico Fernández, y a la exconcejala Teresa Garcia, también hacía referencia a un presunto trato de favor en la tramitación de las licencias a los proyectos presentados por el despacho de los hijos del socialista, así como a una supuesta adquisición de 60 líneas telefónicas que permitieron obtener 16 móviles de alta gama. Estas dos acusaciones no llegaron a plantearse en sede judicial, donde la Audiencia Provincial absolvió en verano de 2019 a los cinco acusados de los delitos de prevaricación, falsificación en documento público y malversación de caudales públicos por irregularidades en el uso del complemento de la ropa.
El CJC ratifica el pronunciamiento municipal sobre la base de que la denuncia se llevó a cabo «por un concejal a nivel particular y no en representación de la corporación» sin que «la propia administración compareciera en el procedimiento penal como acusación particular ni interesada». Además, sobre la supuesta mala praxis en la compensación del desgaste de la ropa o la falta de gestión en materia de salud laboral, que esgrimieron Crispín y los técnicos, el órgano presidido por Margarita Soler niega la segunda y reconoce sobre la primera que «no era el mejor sistema para retribuir el desgaste de ropa, pero no fue cuestionado ni administrativa ni judicialmente, pudiendo haberse establecido una mayor garantía siendo supervisada por un técnico independientemente de los afectados, en aras de evitar cualquier tipo de irregularidad».
Tras este dictamen, el exalcalde admite que recurrirá a la vía judicial, donde se mantiene abierto el procedimiento penal contra Fernández, Garcia y Moreno por un presunto delito de coacciones para la aprobación del presupuesto municipal de 2016, cuando el PSPV todavía no formaba parte de la coalición de gobierno.
