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Críticas a la ‘plusvalía exprés’ de Sagunt al estimar ingresos de 2,8 millones

El tripartito dio luz verde a la ordenanza tras rechazar sendas propuestas de rebaja presentadas por los segregacionistas y los populares

Javier Raro durante una de sus intervenciones en el pleno de ayer. | DANIEL TORTAJADA

Javier Raro durante una de sus intervenciones en el pleno de ayer. | DANIEL TORTAJADA / Rafa Herrero Rafa Herrero. Sagunt

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Rafa Herrero Rafa Herrero. Sagunt

Benavites

La «perversa» interpretación de la sentencia del Tribunal Constitucional; un «juego de malabarismo»; la oportunidad perdida para paliar el «trato más gravoso» de las operaciones inmobiliarias en el Port de Sagunt con respecto al núcleo histórico o la «doble y triple» tributación que supone su recaudación municipal. Éstas fueron algunas de las críticas vertidas ayer desde la oposición, que no evitaron que el tripartito (PSPV, Compromís y EU) sacara adelante la modificación de la ordenanza de plusvalías en una sesión plenaria que se preparó y convocó en tiempo récord.

El concejal de Hacienda, Javier Raro, abrió y cerró el debate plenario para recordar que «este impuesto es el segundo más importante entre los que recauda el ayuntamiento», concretamente un promedio de 3,3 millones entre 2019 y 2020, que con las modificaciones de ayer caerá hasta los 2,8 millones. Esa cantidad se recoge en la memoria económica del expediente, que el portavoz socialista precisó que se trata «de la estimación más hiperpositiva», ya que las «modificaciones sustanciales» hacen «imprevisible» la recaudación.

Raro también explicó que la modificación de esta ordenanza «no es decisión nuestra, sino un mandato primero del Tribunal Constitucional y después del Real Decreto», que daba a los ayuntamientos un margen de seis meses para redactar esta ordenanza sobre la base de un nuevo cálculo de la base imponible.

Además de agradecer el «rápido trabajo» de Gestión Tributaria, y especialmente del jefe de sección, Toni Forcadell, quien no se perdió la sesión plenaria, el concejal de Hacienda reconoció que el incremento del tipo de gravamen del 20 % al 22 % pretende que los ingresos municipales por las plusvalías se estabilicen.

Desde la oposición, Cs y Vox coincidieron en su rechazo al cobro de este impuesto, aunque con matices. En el primer caso, Salvador Montesinos se abstuvo «por responsabilidad», al entender la importancia de esta fuente de financiación para los ayuntamientos, mientras que Alejandro Vila votó en contra con el refuerzo del pronunciamiento de ilegalidad del Constitucional.

Por su parte, tanto IP como el PP emitieron votos particulares para cambiar la propuesta del tripartito, que en ambos casos el gobierno tumbó. Los segregacionistas, en palabras de su concejal Juan Guillén, propusieron «mitigar el trato más gravoso en el Puerto con una rebaja del 15 % en los valores catastrales para el cálculo del impuesto de plusvalías».

«Minuto de gloria»

Pese a que el edil enfatizó que el Real Decreto daba ese margen, Raro cuestionó su legalidad y afeó a Guillén que «prefiera su minuto de gloria en el pleno para presentar esta propuesta, cuando, si lo hubiera hecho antes, se podría haber estudiado».

También desde las filas populares intentaron modificar la ordenanza a través de un voto particular, que en este caso reclamaba el mantenimiento del tipo de gravamen en el 20 % en lugar de subirlo al 22 %. Esa medida, que hubiera rebajado la recaudación en cerca de 440.000 euros, «hubiera permitido cumplir con el espíritu de la sentencia del Tribunal Constitucional, que reconoce que se ha estado liquidando de forma equivocada este impuesto durante años. En lugar de aplicar esta máxima al ciudadano -enfatiza Sergio Muniesa-, al tripartito lo único que le preocupa es mantener su nivel de ingresos. Ve a los vecinos como cajeros automáticos que pone al servicio de su trilerismo político en materia tributaria».

Benavites optó en 2018 por suprimir la ordenanza

El Ayuntamiento de Benavites acordó en el pleno de septiembre de 2018 suprimir su ordenanza de plusvalías. Ya se había dictado la primera sentencia de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la norma general y tampoco su recaudación reportaba grandes ingresos a las arcas municipales, apenas 1.700 euros durante ese 2018, así que el gobierno encabezado por Carlos Gil decidió suprimir este impuesto. Hoy en día y cuando los consistorios están forzando máquinas para redactar su nueva ordenanza, en Benavites sigue sin pagarse este tributo.

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