El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer superó durante el pasado año dos investigaciones de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF), que detectó «vicios de anulabilidad» en algunos contratos, aunque limitó su alcance a la «convalidación del expediente con los informes necesarios» y a tres recomendaciones centradas en la contratación menor.
Ambos procedimientos se pusieron en marcha a partir de una denuncia. La primera respondió a «presuntas conductas contrarias a la norma vigente en materia de acceso al empleo público», mientras que la segunda alertaba de la «comisión de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos a personas con afinidad familiar y política con cargos públicos de esta administración local», según la cual «se puede presumir la existencia de un conflicto de intereses».
De las dos resoluciones firmadas por el director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan Antoni Llinares, el consistorio sale indemne en la contratación de dos agentes y un oficial de la Policía Local, pese a entender la agencia previamente que «había indicios razonables de veracidad en los hechos denunciados». Tras recibir la documentación al segundo requerimiento, el organismo archivó las actuaciones al considerar que «no constan indicios ni se ha acreditado la existencia de irregularidades en el desarrollo de los procedimientos selectivos».
Sin embargo, sí puso reparos en los contratos relacionados con la vigilancia arqueológica de las obras de la plataforma única en el núcleo urbano, adjudicada a la pareja y hermana de sendos concejales de gobierno, y con los trabajos publicitarios de streaming, vídeos y fotografías, concedidos a dos profesionales, uno de los cuales fue en las listas electorales de otro grupo con responsabilidad de gobierno en Canet.
En el primer caso, la única pega de la agencia es que no se presentó factura por los trabajos hechos, frente a lo que el consistorio alegó que todavía no se habían ejecutado, mientras en el segundo cuestionó la falta de justificación de la necesidad del contrato, un contenido «obligatorio del expediente», aunque puso más énfasis en el fraccionamiento «de los pagos por un mismo objeto» como son «los servicios de audiovisual, excediendo el importe de 15.000 euros sin IVA».
Sobre el conflicto de intereses, la AVAF lo descartó porque los concejales no participaron en la tramitación y adjudicación del expediente. La agencia remarcó también que concurrir bajo unas siglas en las elecciones no es causa para prohibir la prestación de servicios a la administración.
Por lo que respecta a la contratación menor, la resolución señala que se debería «realizar un estudio y planificación de las necesidades para proceder a la licitación del servicio para conseguir una prestación lo más eficiencia posible y que garantice la libre concurrencia de los licitadores», ya que «la contratación menor año tras año incumpliría la ley de Contratos del Sector Público».
Vicios de anulabilidad
Así, la Agencia Antifraude eleva al consistorio tres recomendaciones, centradas en «incorporar los informes correspondientes al expediente» para evitar los «vicios de anulabilidad» y proceder a su convalidación; «implementar las medidas para asegurar el cumplimiento del procedimiento en materia de contratación menor y el establecimiento de protocolos que permitan alcanzar el cumplimiento de los fines generales de la contratación pública», así como «planificar la contratación anualmente para reducir al máximo la figura de la contratación menor».
Sobre estos consejos, el alcalde de Canet, Pere Antoni, apunta en palabras a Levante-EMV que «a pesar de ser investigados con lupa solo se han detectado cositas, pero ninguna infracción de la normativa, ni se ha ido más allá», afirma en referencia a la capacidad de que tiene la Agencia Antifraude de iniciar un procedimiento sancionador e incluso de elevar sus investigaciones a un órgano competente.
En cualquier caso, el socialista admite que «ya estamos ajustando la contratación de algunos servicios», como la limpieza o los socorristas de la piscina, aunque Antoni reconoce que «ya habíamos detectado algunas debilidades en ciertos contratos y, de hecho, en el plan de contratación para este año se prevé una notable reducción en la adjudicación de contratos menores».
Así, desde el Ayuntamiento de Canet insisten en que, después del «vistazo» de la AVAF sobre un aspecto «especialmente vigilado por la utilización como herramienta política, nos han señalado cosas que se pueden hacer de otra manera y que ahora estamos implementando».
En relación con las medidas antifraude y el plan del que deben disponer las administraciones que quieren gestionar fondos europeos, Pere Antoni reconoce que el ayuntamiento está en plena elaboración de este documento
