Las obras realizadas en una zona de litigio entre el Ayuntamiento de Torres Torres y la comunidad de propietarios de la urbanización de El Tochar ha acabado con la presencia de la Policía Autonómica, requerida por la alcaldesa.
Según Amparo Bolós, la obra «carecía de licencia y de autorización», por lo que se ha levantado acta ante la Policía. «No he hecho ni más ni menos que defender los intereses generales del pueblo de Torres Torres».
Sin embargo, desde la junta directiva de El Tochar se explica que «se presentó hace dos meses una declaración responsable al ayuntamiento al tratarse de una obra menor, con la que se informaba de la actuación, sin que a día de hoy hayamos obtenido respuesta», lamentaban.
La ausencia de un pronunciamiento municipal al respecto se ha interpretado por parte de El Tochar como un mero consentimiento, ya que «desde le ayuntamiento se nos requirió más información y la aportamos, y no hubo mayor problema hasta ahora». «Nosotros carecemos de un documento que nos niegue la actuación o nos diga que no se puede hacer», insistían.
Según se describe en la declaración responsable presentada por El Tochar, la obra consiste en «un acondicionamiento de un local comunitario» para el que se requiere la sustitución del revestimiento, luminarias, alicatado, sanitarios y cambio del falso techo, que se encuentra en un estado lamentable. «Una obra menor necesaria, ya que el uso de estas dependencias es inviable en estos momentos dado su estado», afirman.
Las mismas fuentes añadían que la intervención se realiza por cuestiones de seguridad, dado el riego que existe de que el techo termine cayendo y pueda lastimar a alguien. «No entendemos la actuación de la alcaldesa, de la que ya sospechamos que tiene fijación por esta urbanización», dicen.
Para Bolós, «no habría problema en autorizar esta obra si no estuviera en una parcela municipal, que está en litigio». Desde el año pasado existe un contencioso por las zonas verdes y comunes de El Tochar. Según los vecinos, son parcelas privadas que se encuentran escrituradas a su nombre en el registro de la propiedad. En cambio, desde el consistorio, se sostiene que son municipales, registradas en el catálogo de bienes inmuebles del Ayuntamiento de Torres Torres.
Precisamente, este local comunitario, objeto de las obras, se encuentra en una de estas parcelas, catalogada de zona verde en el plan parcial de Torres Torres, «sobre la que no se puede actuar», aclara la alcaldesa.
En cuanto a la presencia policial, solo ha podido constatar que las obras carecían de permiso y de autorización para ejecutarse aunque a día de hoy, continúan sin que nadie haya decretado su paralización.
Preguntada la alcaldesa esta respecto, ya que es el ayuntamiento la estancia competente para poder clausurarlas, la mandataria no ha querido pronunciarse sobre el asunto.
