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Sagunt esquiva la primera reclamación de 5,2 millones de Acuamed por la desaladora

El Consell Jurídic Consultiu da la razón al ayuntamiento, al entender que el organismo estatal no ha justificado el importe de las facturas ni ha hecho los trámites urbanísticos requeridos

Una vista de la planta desalinizadora de Acuamed. Daniel Tortajada

Sagunt ha obtenido su primera victoria frente a la reclamación de Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) para que el ayuntamiento pague algo más de 5,2 millones de euros por las «tarifas de amortización y explotación» de la desalinizadora.

Esta cantidad se corresponde con el convenio firmado por ambas partes en enero de 2007 para impulsar la construcción de la infraestructura, pero, 15 años más tarde y tras una inversión superior a los 43,5 millones de euros, las desavenencias entre los dos organismo públicos han llegado a los tribunales, donde Acuamed exige el cumplimiento de los acuerdos.

Con la denuncia ya presentada en el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de València, el ayuntamiento pidió la suspensión del procedimiento para someterlo a la consideración del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana, cuya reciente resolución da la razón a las tesis municipales al aseverar que «no ha quedado acreditada la obligación por parte del ayuntamiento de abonar las facturas que se reclaman».

En su acusación, Acuamed no solo esgrime el convenio de 2007, sino que hace un recorrido por los acuerdos que planteó al consistorio para establecer una tarifa transitoria que permitiera la puesta en marcha de la desalinizadora, que apenas ha tenido un cliente desde que las obras y canalizaciones se terminaron en 2015. La negativa plenaria a aceptar las condiciones llevó al organismo estatal a reclamar las facturas, que suman 5,2 millones por el periodo entre abril de 2019 y julio de 2021. El rechazo municipal a abonarlas fue el paso previo a la vía judicial, tal y como informó en su día Levante-EMV.

Desfase de 16,5 millones

Frente a estas tesis, el CJC comparte los argumentos del Ayuntamiento de Sagunt en relación tanto a las facturas como a la condición urbanística de la parcela donde se construyó la desalinizadora. En el primer caso, el dictamen firmado por la presidenta Margarita Soler señala que «falta la justificación de la diferencia entre el importe conveniado -27 millones de euros- y los 43.467.957 euros» del importe final. Cree el Consell Jurídic que, pese a los escritos presentados por Acuamed, sigue faltando la documentación que acredite el desfase y la comunicación para que el ayuntamiento lo aceptase.

Otro punto en contra del organismo estatal es que «no acredita el modo en que se han cuantificado y determinado las facturas que se reclaman», al no presentar certificados de los auditores, como contempla el convenio, ni los justificantes de los costes de operación fijos, que también se repercuten a través de estas tarifas.

En cuanto a la condición urbanística de la parcela, el CJC cree que «no se acredita técnicamente la condición de solar», además de que en la base de datos catastral «se encuentra como suelo sin edificar, pese a la obra realizada». Este dictamen también defiende que falta la cesión gratuita a favor del ayuntamiento de los dotacionales viarios, que le otorgan la condición de solar. «No estando subsanados estos extremos es inviable jurídicamente el inicio de la actividad no siendo, por tanto, la causa de que no se encuentre operativa la planta el que por parte del ayuntamiento no se haya efectuado petición de suministro de agua».

El siguiente paso en esta disputa será el pronunciamiento judicial, si antes no se alcanza un acuerdo que hoy parece difícil.

El Ayuntamiento de Sagunt y Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) han coincidido a lo largo de los años en la conveniencia de modificar el convenio firmado en 2007 en el marco del programa Agua para la construcción de la desalinizadora. Sin embargo, 15 años después de que la entonces alcaldesa, Gloria Calero, y el director general del organismo estatal, Adrián Baltanás, sellaran el acuerdo, la empresa pública dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico exige en los tribunales su cumplimiento.

La corporación local, mientras, se ha agarrado a aspectos urbanísticos para frenar los intentos de Acuamed para imponer al ayuntamiento la compra de agua desalada, a la que no ha hecho falta recurrir por necesidades de abastecimiento y sigue siendo significativamente más cara que el agua que ahora suministra a Sagunt. Dentro de esta estrategia, los servicios municipales mantienen abierto contra Acuamed el expediente de reclamación en periodo ejecutivo del impuesto de bienes inmuebles (IBI) entre 2010 y 2021.

Y es que, según revela el reciente dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, la base de datos catastral sigue considerando la parcela de la desanilizadora «sin edificar», así que el valor que se venía aplicando para el cálculo del impuesto se corresponde con un suelo sin construcción, cuando esta parcela cuenta desde 2013 con la planta de desalinización finalizada.

De esta forma, la deuda que el consistorio le reclama a Acuamed por este concepto asciende a casi 165.000 euros, con recargos e intereses incluidos.

El ayuntamiento reclama el IBI por la desalinizadora desde 2010 a 2021

La parcela sigue con la consideración catastral de ‘sin edificar’ pese a tener la planta desde 2013

Rafa Herrero. Sagunt

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