Uno de los requisitos para gestionar fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea es disponer de un plan antifraude, lo que ha obligado al Ayuntamiento de Sagunt a reforzar su compromiso contra la corrupción activa o pasiva y el conflicto de intereses, ya sea aparente, potencial o real.
Después de que la capital comarcal haya sido beneficiada de forma directa con algo más de 1,2 millones de euros, que empleará tanto en su red de viales no motorizados como en ciberseguridad, el último pleno dio luz verde a un plan de medidas que refuerza la «política de tolerancia cero frente al fraude», mediante un sistema de control «robusto» para prevenir, detectar, corregir y perseguir los actos que no sean acordes con «los más estrictos principios de integridad, objetividad y honestidad», según el documento al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Este compromiso incluye la adhesión a una declaración institucional elaborada por la dirección general de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda y Función Pública, al tiempo que establece una serie de pautas sobre la base de que las competencias municipales en materia de fraude son «exclusivamente administrativas, en ningún caso incluyen investigaciones».
Algunas herramientas para el desarrollo de este plan son la disponibilidad de un canal de denuncias, la elaboración de un análisis inicial del riesgo, que en el caso del Ayuntamiento de Sagunt ha resultado «mínimo», o las reuniones periódicas de un comité antifraude. La configuración de este foro provocó que el edil de Vox, Alejandro Vila, fuera el único en descolgarse del acuerdo, al considerar que este organismo «no debería tener presencia política, si precisamente es a nosotros a quienes tiene que controlar».
Negocios externos «encubiertos»
Otro aspecto del plan es la elaboración de un catálogo de banderas rojas o indicadores de riesgo para la lucha contra el fraude, entre las que se encuentran los negocios externos «encubiertos» de los empleados públicos, la subcontratación de licitadores perdedores, los cambios en las ofertas tras su recepción, la falta de publicidad de los baremos en el reparto de subvenciones, la elusión del procedimiento de contratación mediante convenios o las compras secuenciales justo por debajo de los umbrales de obligación de publicidad de las licitaciones.
