Un vecino del Port de Sagunt ha reconocido ser el autor de sendos delitos contra la propiedad intelectual y de facilitación de acceso a servicios y prestaciones audiovisuales. Tras el acuerdo alcanzado con la Fiscalía y los denunciantes, la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (Egeda) y Mediapro, este hombre de 39 años ha aceptado nueve meses de prisión y el pago tanto de 2.160 euros de multa como de 40.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
Antes de que se alcanzara este acuerdo, el vecino del Port ya había abonado 15.000 euros, mientras que los restantes quedarían satisfechos en cuotas mensuales de algo menos de 1.050 euros durante dos años. La pena, además, le inhabilita para empresa u oficio relacionado con la producción, reproducción, distribución de equipos, dispositivos o software que permita la comunicación pública de obras y prestaciones audiovisuales, incluidos eventos deportivos en directo, según recoge el fallo de la Audiencia Provincial de Zamora al que ha tenido acceso Levante-EMV.
Y es que el porteño formaba parte de una red de colaboradores con ramificaciones también en Córdoba y Málaga, que ponía a disposición de sus clientes de forma fraudulenta múltiples contenidos audiovisuales, como películas, series o eventos deportivos, hasta alcanzar más de 7.000 usuarios, una práctica que causó perjuicios a las empresas afectadas en el entorno de los 26 millones de euros.
Las investigaciones de la Policía Nacional demostraron que el acusado del Port ingresó por esta actividad ilegal entre enero de 2018 y octubre de 2019 algo menos de 31.500 euros. En el momento del registro de su domicilio, en marzo de 2020, el condenado contaba con 468 clientes activos y más de 11.500 canales a su disposición, lo que causó un perjuicio a Egeda y Mediapro de casi un millón de euros. Además de este servicio también ofrecía un servidor con películas y series disponibles para sus clientes. Cerca de un centenar de personas tenía acceso a todos los servicios y en el momento del registro había tres conectados.
Atenuantes
A la hora de negociar la condena, a este porteño de 39 años, al igual que al cabecilla o algunos cómplices de esta banda del pirateo, se le aplicaron los atenuantes de reconocimiento de los hechos y reparación del daño causado.
Así pudo esquivar la petición inicial de la Fiscalía, que reclamaba para él dos años de prisión, una multa de 4.500 euros y una indemnización conforme al Código Penal, que «deja a la elección del perjudicado determinar las bases, entre unos criterios fijados, para el cómputo de la responsabilidad civil». Las acusaciones particulares eran todavía más exigentes, al pedir para el vecino del Port de Sagunt dos años y tres meses de prisión, además de una multa por encima de los 5.000 euros y una indemnización que tomaba como base la tasación elaborada por la Policía Nacional de 173,78 euros por usuario y mes.
Mientras la defensa del porteño solicitó en un principio la libre absolución al considerar que los hechos no eran constitutivos de delito alguno, el acuerdo final le libra de pisar la cárcel, ya que no tenía antecedentes penales.
