El Juzgado de lo Penal 6 de València ha absuelto de un presunto delito de prevaricación al exalcalde y al exsecretario de Canet d’en Berenguer, Leandro Benito y José Antonio Sancho Sempere, respectivamente, por el que se enfrentaban a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Los hechos juzgados se remontan a 2013, cuando el Ayuntamiento de Canet volvió a adjudicar el contrato de asistencia jurídica a la Academia Valenciana de Juristas (AVJ) por 57.600 euros más 12.096 de IVA, por un plazo de dos años, tras una licitación por procedimiento negociado.
La Fiscalía de València y el Ayuntamiento de Canet, como acusación pública y particular, señalaban a Benito y a Sancho Sempere como autores de un delito de prevaricación por la cercanía del segundo a la AVJ. Y porque en el procedimiento negociado sin publicidad se invitó a tres juristas relacionados con Sancho Sempere.
El técnico de contratación y el jurídico solicitaron «una oferta de tres personas o entidades capacitadas para la prestación de los servicios objeto del contrato, que cumplían las condiciones establecidas en el pliego de contratación» y que resultaron ser la letrada Amparo González Sanchís (la mujer de Sancho Sempere), Ignacio Sancho Moscardó (trabajador asalariado de Sancho Sempere) y la misma Academia Valencia de Juristas. Los dos primeros renunciaron por lo que finalmente el concurso para el asesoramiento jurídico del Ayuntamiento de Canet recayó en la AVJ. Una entidad que, por otra parte, ya prestaba este servicio al consistorio desde 2007, según consta en la sentencia.
No obstante, según el auto del Juzgado de lo Penal 6 de València, «el ayuntamiento cambió de sistema y decidió licitar un contrato único de asistencia jurídica por el procedimiento negociado sin publicidad, siendo alcalde, Octavio Herranz López». El contrato se adjudicó y firmó el 6 de mayo de 2011 por un plazo de dos años.
De ahí que una vez vencido el contrato, ya con Leandro Benito de alcalde, se inició «el 1 de marzo de 2013 un nuevo expediente de contratación de los servicios de asistencia jurídica del ayuntamiento por el mismo procedimiento seguido con anterioridad, el negociado sin publicidad».
Sancho Sempere se debería haber abstenido pero que no lo hiciera «no convierte su actuación en delito»
De ahí que la magistrada titular del Juzgado de lo Penal 6 de València considere que el exalcalde de Canet, defendido por el abogado Vicente Boluda, no prevaricó porque «la adjudicación del contrato de asistencia jurídica a la Academia Valenciana de Juristas, se realizó tras cumplimentar todos los trámites previstos por la normativa administrativa» y «la contratación se sustanció por el procedimiento administrativo adecuado», además del aval de los técnicos. «La actuación del acusado, Leandro Benito Antoni, no es constitutiva de prevaricación administrativa, y, en consecuencia, debe dictarse la sentencia absolutoria interesada por su defensa», según consta en este último pronunciamiento judicial.
Respecto a Sancho Sempere, defendido en esta causa por el abogado José Vicente Gómez Tejedor, señala que «no emite ningún informe decisivo en el expediente y no participa en la votación para la aprobación del acuerdo». Tampoco considera que determinara la adjudicación con una actuación relevante, aunque admite que las tres ofertas que se solicitaron para el contrato «tenían una vinculación personal y profesional» con Sancho Sempere por lo que se debería haber abstenido en la junta de gobierno que aprobó el contrato. Pero, señala la magistrada, «su deber de abstención no convierte su actuación en un delito de prevaricación administrativa».
