Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Sagunt, concretamente los urbanísticos, no salen de su asombro cada vez que la dirección general de la Costa y el Mar insiste en su "irracional planteamiento" de eliminar del Malecón de Menera la protección que le concede su condición de dominio público marítimo terrestre. Así lo recoge el pliego de alegaciones aprobado a finales de la semana pasada en junta de gobierno, al que ha tenido acceso Levante-EMV.
La "intolerable oscuridad" con la que el organismo estatal pretende quitarse de encima este problema, que ya planteó una demanda de expropiación al consistorio por encima de los 100 millones de euros, ha obligado al consistorio a rearmar los argumentos que sostiene desde hace una década, tiempo en el que ha construido una "sólida y consistente" argumentación frente a Costas, que "no ha hecho el mínimo esfuerzo técnico e intelectual" para averiguar dónde se encuentra la finca 37.075.
Y es que esa parcela es la que una cuestionada sentencia de la Audiencia Provincial de València declaró de propiedad privada en 2010 y, si bien sigue sin estar clara su localización, el ayuntamiento sí ha demostrado que no se corresponde con el conocido como Malecón de Menera, donde al menos el 80 % de estos casi 70.000 metros cuadrados en la fachada marítima del Port de Sagunt "siempre han sido del Estado o bien han terminado siendo suyos".
El último deslinde propuesto por Costas, muy similar al de 2014 que ya tumbó la Justicia, se limita a presentar un detallado e "innecesario" estudio sobre la imposibilidad de que las aguas marinas y las arenas invadan el Malecón, un trabajo que "induce a la confusión". Y es que, según los argumentos técnicos del consistorio, esta justificación "solo se podría aplicar a terrenos de titularidad privada, para que el Estado los adquiriese, pero no en suelo que siempre ha sido demanial, es decir, no se puede perder nunca, o que se ha transmitido al Estado".
Entre las claves desatendidas por el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico destaca la localización de la obra civil con la que la compañía de Sierra Menera ganó espacio al mar hace más de un siglo, que "es la única susceptible de apropiación por un particular".
La guerra de los mapas
Esta cuestión entra de lleno en lo que podría llamarse 'la guerra de los mapas', al no entenderse que Costas "mire hacia otro lado" o "desprecie" los planos, cartas náuticas y fotos aéreas que se remontan hasta 1913 y han sido obtenidos a partir de la investigación municipal. Estos documentos contradicen la "forma maquinal, sin lógica jurídica y técnica mínima", que tiene el Estado de incurrir en un "vicio de predeterminación del deslinde" para tratar de excluir el Malecón de dominio público.
Por contra, el ministerio toma como "apoyo indiscutible a su posición" en el deslinde un estudio "genérico e impreciso", que es "claramente indicativo, esquemático y sin voluntad de precisión". Se refiere el Ayuntamiento de Sagunt a un trabajo impulsado por la Autoridad Portuaria de València que se redactó "para otros fines" en 2020, "más de un siglo después de la concesión originaria".
El ayuntamiento sostiene que cerca del 80 % de la parcela que se pretende desproteger es o fue del Estado
El incumplimiento de su deber en la custodia del plano de recepción de la obra en 1915, que demostraría "la usurpación de terrenos" por parte de la compañía Sierra Menera, o el perimetraje de la parcela por una carretera "ilegal e irregular, que el Estado toleró" son otros agravantes en la "renuncia -por parte de Costas- a averiguar la realidad física que condiciona el deslinde". Esta "intolerable dejación de funciones", según pronostican los servicios técnicos municipales, determinará, "seguro, la futura invalidación judicial del deslinde".
