Costas vuelve a exponer a Sagunt a una expropiación multimillonaria del Malecón

La dirección general para la Costa y el Mar ha vuelto a hacer oídos sordos frente a las reclamaciones del Ayuntamiento de Sagunt, esta vez con el Malecón de Menera. Tras la inesperada sentencia que en 2010 declaró de propiedad privada esta parcela de 67.000 metros cuadrados en primera línea de la playa del Port, la única preocupación del organismo estatal ha sido quitarse el problema de encima mediante la desprotección de los terrenos al excluirlos del dominio público marítimo terrestre. Ya lo intentó en 2014 hasta que la Audiencia Nacional le frenó "por carecer de motivación o justificación suficiente, además de no ajustarse al procedimiento establecido" y vuelve a hacerlo ahora con un deslinde que expone otra vez a las arcas municipales a un pago multimillonario por la expropiación de este suelo.

De nada han servido las alegaciones del consistorio o las presentadas por Esquerra Unida, Agró, la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas, la sociedad estatal Cofivacasa e Iniciativa Porteña. Según Costas, la principal diferencia entre este expediente y el que tumbó hace unos años la Justicia se centra en la incorporación de estudios geomorfológico, sedimentológico y de alcance máximo del oleaje elaborados por la empresa Ingeniería Digital y Medio Ambiente (Idyma).

Entre los argumentos de la dirección general para abandonar a Sagunt a su suerte con el Malecón de Menera destacan que "los terrenos ahora deslindados perdieron su condición de dominio público pasando a propiedad privada" a raíz de la sentencia civil de 2010, al tratarse de "terrenos ganados al mar amparados por una concesión otorgada a perpetuidad en 1902, por lo que debe mantenerse la situación de propiedad privada, salvo que hubieran sido invadidas por el mar o las arenas de la playa, circunstancias que no se han dado en el presente caso".

La trampa que emplea Costas en este punto es que toma como referencia la situación que los terrenos presentaban en el momento del fallo, hace poco más de una década, y el plano que se presentó durante este procedimiento, en lugar de establecer el estudio desde hace más de un siglo, cuando se aprobó la concesión a favor de la compañía Sierra Menera y se hicieron las obras para la construcción de un embarcadero para el mineral de hierro procedente de la mina de Ojos Negros.

Precisamente la ubicación física de la parcela declarada privada es una de las principales discrepancias entre Costas y el ayuntamiento, ya que el organismo estatal insiste en que se corresponde exactamente con el Malecón de Menera, mientras el consistorio ha aportado en diferentes procedimientos suficiente documentación para demostrar que no existe esa coincidencia.

La aprobación del expediente obliga a Sagunt a recurrir a la vía judicial para defenderse

Los principales ganadores en esta resolución, además de Costas, que se desentiende de la expropiación, son tanto la empresa a la que se reconocieron su derechos de propiedad sobre estos terrenos, Promotora Saguntina, como la Autoridad Portuaria de València, a la que se atiende su alegación de excluir del deslinde algo más de 100 metros cuadrados de dominio portuario. En cuando a Prosagunsa, que ya reclamó hace unos años al Ayuntamiento de Sagunt la expropiación de esta parcela por más de 100 millones de euros, sus representantes pidieron durante el procedimiento que se aprobara el deslinde por "ser ajustado a derecho y considerar acreditado que reúne los requisitos exigidos por la legislación vigente en materia de Costas para su aprobación".

Contencioso

Esta resolución, firmada a 8 de febrero, pone fin a la vía administrativa que se abrió en febrero de 2021, según el documento firmado por José Ramón Martínez Cordero como coordinador del área de gestión del dominio público marítimo terrestre. Los interesados que no sean administraciones públicas tienen un mes de plazo para interponer un recurso de reposición ante la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o, directamente, un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional en menos de dos meses. Esta última vía es también la que queda abierta para el Ayuntamiento de Sagunt, que ya ha advertido durante los últimos meses que la emprendería si el resultado del deslinde era el que ha sido.

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