Los dueños del Malecón proyectan urbanizarlo para hacer viviendas y zonas verdes

La empresa propietaria de los terrenos del Malecón de Menera, Promotora Saguntina (Prosagunsa), planea urbanizar estos cerca de 67.000 metros cuadrados en primera línea de la playa del Port de Sagunt. El objetivo del proyecto, tal y como ha reconocido a Levante-EMV un representante de la firma, es hacer viviendas y zonas verdes.

De esta forma, según la misma fuente, se descarta la posibilidad de volver a reclamar al ayuntamiento su expropiación, como hicieron en 2011 cuando cifraron el valor de los terrenos en más de 100 millones de euros.

Desde Prosagunsa insisten en que "el objetivo es crear riqueza y empleo, regenerar ese entorno degradado y hacerlo atractivo en el ámbito turístico, que falta le hace". Después de que el primer intento de deslinde en 2014 fuera recurrido por el ayuntamiento y tumbado por la Justicia, el último dictamen de Costas, que insiste en excluir esta zona de dominio público marítimo terrestre, vuelve a posibilitar que la urbanización de la zona sea una realidad.

En un conflicto cuyas raíces se remontan más de un siglo, este proyecto no es el primero que se plantea para este espacio. El propio ayuntamiento, cuando tramitaba su Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 1989, contemplaba que se mantuviera su condición de suelo urbano con una calificación hotelera. Sin embargo, la dirección general de Costas emitió dos informes desfavorables en los años posteriores, ya que reclamaba que su ordenación fuese respetuosa con la "naturaleza como bien de dominio público marítimo terrestre".

El consistorio de la época ya se enfrentó con el organismo estatal y persistió en su intención de convertir el Malecón de Menera en suelo urbano hotelero, mientras negociaba con Prosagunsa la construcción de apartahoteles. Sin embargo, la Generalitat medió para instar a las autoridades municipales a someterse a las consideraciones de Costas, algo que finalmente hicieron para aprobar el PGOU con esta parcela como suelo no urbanizable especialmente protegido.

Esta seguía siendo su calificación cuando la Autoridad Portuaria de València (APV) la contempló como parte de su proyecto de integración entre el puerto comercial y el núcleo urbano, pero la sentencia civil que en segunda instancia declaró la propiedad privada de la finca 37.075 a favor de Prosagunsa hizo que esta inversión, que rondaba los 4 millones de euros y ya estaba licitada, se echara para atrás.

Uso residencial

Más recientemente y después de ese fallo, los dueños y el consistorio volvieron a sentarse para buscar una solución. La empresa aportó varios proyectos, todos con uso residencial, y un estudio sobre el aprovechamiento de la parcela. Alguna de esas propuestas, según desveló Prosagunsa en su momento, ocupaba poco espacio, aunque con más alturas de edificación, para dotar la parcela de zonas verdes y ampliar la playa hacia el interior.

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