La polémica por la montaña de Romeu y Lafarge se reactiva

La sesión plenaria tradicionalmente reservada para los presupuestos tuvo este viernes un telonero de lujo con la solicitud del Ayuntamiento de Sagunt para que la Generalitat retome el expediente de protección de la montaña de Romeu. Después de que la Justicia tumbara el anterior intento de declarar este espacio paraje natural municipal, el tripartito aprobó la petición al Consell de reiniciar el procedimiento, con la postura en contra tanto de la oposición como del expresidente del comité de empresa de Lafarge, Félix Vélez de Guevara.

En unas palabras dirigidas al portavoz de Compromís y exalcalde, Quico Fernández, como "portavoz" del movimiento para proteger Romeu, el empleado de la cementera destacó que "si este expediente se aprueba, yo me quedo sin trabajo. Está claro que sin cantera no hay empresa" y, si se da luz verde a esta declaración, "igual nos encontramos con que Lafarge no recurre porque, tal y como está el sector del cemento, igual aprovecha para cerrar" la planta de Sagunt y marcharse, no sin antes "pedir una indemnización por los derechos mineros que todavía tiene concedidos y no sé si eso lo ha calculado el ayuntamiento".

Como ya se ha evidenciado a lo largo de estos últimos años, esta polémica generó dos bandos en el pleno, el tripartito por un lado y la oposición por el otro. Entre los primeros, el alcalde, Darío Moreno, apuntó que "la discusión no es si se debe proteger el paraje, que hay que hacerlo y está fuera de cualquier negociación. De lo que hay que hablar es de los planes a largo plazo de la empresa, más allá de Romeu", algo que asegura haber intentado sin éxito.

Entre los segundos, el recuerdo del convenio firmado entre las partes en 2013 y la decisión del tripartito de volver a la carga con esta cuestión, "sin buscar el consenso en la comisión especial de Romeu" fueron los principales reproches. Manuel González (IP) recordó que ese acuerdo contemplaba la aportación de Lafarge de 300.000 euros anuales para el mantenimiento del paraje natural, dinero que "ahora tendrá que aportar el ayuntamiento".

"Más valor afectivo que ambiental"

Además de señalar que el valor de Romeu "es más afectivo que ambiental", el segregacionista lamentó que "después de 15 años en el ayuntamiento, este tema sigue como el primer día", además de asegurar que "los puestos de trabajo también son patrimonio de la ciudad y los tiene que defender el ayuntamiento". González fue muy gráfico al señalar que "esta sartén tiene dos mangos, la empresa tiene uno y el ayuntamiento el otro, así que hay que llegar a un acuerdo".

Sobre el convenio, Quico Fernández señaló que "su debilidad era que dejaba en manos de la empresa la búsqueda real de alternativas", al tiempo que mostró su extrañeza por los "personalismos, cuando lo que está en juego es el interés general y enfrente tenemos a una empresa que lleva 70 años devastando legalmente la montaña". El nacionalista apuntó de igual forma que "nunca hemos pretendido poner en peligro los puestos de trabajo y no hablamos de cerrar la empresa, ni siquiera la cantera, sino de proteger para futuras generaciones la masa forestal mejor conservada del municipio".

Desde el PP, Sergio Muniesa destacó la "oportunidad perdida" después de que la Justicia tumbara el anterior intento de declarar paraje natural municipal a la montaña de Romeu para "convocar la comisión especial y solucionar el problema. En lugar de aplicar el convenio se ha optado por seguir una vía que nos mantiene en la incertidumbre absoluta". En esta línea también se expresaron Alejandro Vila (Vox), que incidió en el mantenimiento del paraje o el buen resultado de las canteras rehabilitadas, y Salvador Montesinos (Cs), quien adelantó que esta declaración "no va a salir adelante en la vida", después de que se intentara modificar uno de los obstáculos planteados por la sentencia, relacionada con la Ley de Minas, y se tumbara en el Congreso.

Futuro asegurado hasta 2042

Quien tampoco se resistió a intervenir fue Guillermo Sampedro, quien negó que esta cuestión fuera un "Quico contra el mundo", ya que "se trata de una reivindicación de décadas, que el ayuntamiento, con EU en el gobierno, ya impulsó en 2006. Creemos que la protección de Romeu debe ser prioritaria para la Generalitat, después de que la Justicia tumbara el anterior intento. Hay que corregir estos defectos y dejar claro que Lafarge tiene el futuro asegurado hasta 2042", hasta cuando se extienden sus actuales derechos extractivos.

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