El Ayuntamiento de Sagunt saca un notable en sus mecanismos de control

El Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana pone un notable al Ayuntamiento de Sagunt en sus mecanismos de control, tanto internos como de ciberseguridad. Esta evaluación de la eficacia operativa con el fin de comprobar la protección de los bienes municipales, la fiabilidad e integridad de la información económica financiera, el cumplimiento de la normativa, así como la organización administrativa y su grado de transparencia se ha saldado para el consistorio de la capital del Camp de Morvedre con 35.460 puntos sobre un máximo de 50.000, lo que se traduce en un 70,9 %.

Este nivel se queda muy cerca de la media provincial, que alcanza el 71,2 % entre Torrent (63 %), Paterna (68 %), Gandia (74,2 %) y la Diputació de València (80,1 %), y un poco más lejos del promedio autonómico (75,9 %), donde destacan el 90,5 % de la Diputación de Alicante y el 63,8 % del Ayuntamiento de Vila-real. Según el síndic, la puntuación de Sagunt le sitúa en una posición de riesgo medio, al detectar más de una treintena de "deficiencias significativas".

La función interventora obtiene la máxima puntuación, mientras que la justificación de las subvenciones recibidas apenas un 10 %

Para solucionarlas, este órgano de control recomienda la elaboración de un reglamento orgánico, un organigrama actualizado y manuales de procedimiento que incluyan las funciones del personal; la mejora en la organización de gestión tributaria en aspectos como la variación de los padrones de ciertos impuestos entre un ejercicio y el anterior o la distinción entre recaudación voluntaria y ejecutiva; la elaboración de un plan de inversiones realista, que recoja la financiación de su mantenimiento; así como la exclusión de la Intervención en la gestión económica para mantener una adecuada segregación de funciones, según el informe firmado por el Sindic Major, Vicent Cucarella.

Recomendaciones

En un análisis que comprende los años 2019 y 2020, además de ciertos aspectos de 2021, otras recomendaciones se centran en repasar las declaraciones de actividades y bienes de los cargos electos antes de enviarlas para su publicación, con el objetivo de evitar errores aritméticos o de transcripción; crear un registro único para un mejor control de las subvenciones y adoptar medidas específicas en la prevención contra el fraude y la corrupción en los expedientes de contratación.

Sobre este último, el Síndic de Comptes profundiza en cuestiones como incluir en los pliegos de condiciones las penalizaciones por incumplir el deber de informar sobre conflictos de intereses, así como obligar a las empresas, los cargos públicos, los funcionarios y el resto de personal que intervienen en un contrato a presentar una declaración responsable.

Dentro de las diferentes áreas que completan esta evaluación del Síndic de Comptes, la mejor puntuación es para la gestión administrativa, que obtiene un 75,6 % sobre el máximo, seguida de la económico financiera (70,3 %), Intervención (69,7 %) y los controles básicos de ciberseguridad (68,1 %). 

Sobresaliente en la función interventora

En ningún caso se rebasa el riesgo medio, aunque algunas subáreas si que están en peligro alto, como los ingresos por transferencias (10 %), las gastos de inversión (26,7 %), así como el inventario de bienes y patrimonio (42,4 %), y otras se quedan en el riesgo bajo, como la función interventora (100 %), el personal al servicio del consistorio (96,3 %) o el endeudamiento (91,4 %).

Sobre las deficiencias detectadas en el entorno de control del Ayuntamiento de Sagunt, el síndic destaca la asunción de competencias impropias; la adaptación completa a la ley de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern; la falta de un plan de inversiones a cuatro años vista; la inexistencia de una declaración individualizada de incompatibilidades; la imposibilidad de certificar la remisión de los justificantes de las subvenciones recibidas; los 937.000 euros de valores «de reducida cobrabilidad» sin que «se tramiten expedientes para determinar posibles responsabilidades"; la aprobación o modificación de ordenanzas fiscales sin informe de la Intervención o la falta de fiscalización de las nóminas en su integridad.

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