Una sentencia da la razón a Sagunt en su disputa por la fallida fuente de 400.000 €

La culpa de los desperfectos de la fuente en memoria de las Víctimas del Terrorismo en la rotonda de la avenida País Valencià de Sagunt es de la constructora y no del proyecto ni de la falta de mantenimiento durante sus primeros y únicos meses de funcionamiento. Esta inversión de más de 400.000 euros procedentes de los fondos autonómicos contra la crisis, el plan Camps, fue polémica desde el principio, debido a las dudas sobre su conveniencia en unos terrenos afectados por futuras actuaciones.

Pasado el tiempo sin que se haya requerido su ocupación, el principal problema desde que se construyó hace más de una década es que los circuitos para la canalización del agua eran defectuosos, un problema que ha enzarzado a las partes durante todo este tiempo en la lucha por eludir la responsabilidad. El conflicto se trasladó a la vía judicial, en la que ya se han emitido dos sentencias, que no parecen que vayan a ser las únicas.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha sido el último en mediar en esta disputa para dar la razón al ayuntamiento, a Aigües de Sagunt y a la arquitecta encargada de la redacción del proyecto y la dirección de obras, que ya en 2018 señalaron los "vicios ocultos" adquiridos durante la fase de construcción como la causa del mal funcionamiento de la fuente.

Los daños en los dos circuitos de agua se produjeron durante la fase de ejecución de la obra, según la Justicia 

Este fallo, que se emitió a mediados de julio y no es firme, revoca el del juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de València, que en noviembre del pasado año atendió en parte las pretensiones de la empresa, que siempre ha sostenido que la redacción del proyecto fue la principal culpable del mal funcionamiento, sin descartar las deficiencias en las tareas de mantenimiento de la infraestructura.

Ensayos insuficientes

En esa primera instancia, el tribunal consideró que a la luz de los diferentes informes periciales "no podemos atribuir la responsabilidad por las deficiencias de la fuente a ninguna de las partes", al entender que no se habían practicado "las pruebas de ensayos necesarias". Estos argumentos fueron rebatidos por el TSJ sobre la base del pronunciamiento de un perito técnico industrial, al que el tribunal otorga "el mayor valor probatorio", al contar "con un mayor despliegue y análisis técnico", además de utilizar "un procedimiento exhaustivo".

Y es que, para la redacción de este informe incorporado al expediente en octubre de 2016, se introdujo una cámara por el trazado subterráneo en busca de las fugas de agua. Entre sus conclusiones destacaba la detección de "una deformación por aumento de la tensión desde el exterior sobre la tubería del circuito número 1", donde se localizó el problema. Y es que estas canalizaciones "son de plástico y no tienen ninguna protección", así que los daños "se pudieron hacer producido durante la construcción de la fuente".

Este informe considera que la elección del material fue correcta, pero no la manera de instalarlo, ya que se hubiera necesitado "una capa exterior de hormigón para elevar su resistencia tanto a las tensiones exteriores como a la presión interior". En una de las memorias del proyecto se contemplaba esta protección, pero la comprobación in situ demostró su inexistencia. También en el segundo circuito se detectaron fugas, aunque en este caso respondían de forma incontrovertida a los fallos en los trabajos de unión de las piezas, según el informe ratificado por el TSJ.

Diseño "arriesgado"

De nada sirvió que la constructora insistiera en que, entre todos los informes con "sonoras discrepancias", no se había demostrado "la irrelevancia de las deficiencias existentes en el proyecto, con un diseño arriesgado, que no tuvo en cuenta las características del terreno, su especial exposición a continuos asentamientos o la inaccesibilidad a sus conducciones". Por contra, el tribunal consideró que "hay prueba bastante de que las fugas tienen su origen en las deficiencias atribuibles a la empresa constructora".

Así, esta sentencia deja en manos de la dirección de obra la determinación de las soluciones técnicas y el coste de las reparaciones para el correcto funcionamiento de la fuente. A este respecto, varios pronunciamientos señalan que la solución de los problemas de esta infraestructura tendrían un precio muy similar al de la construcción nueva de la fuente.

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