Cada juzgado de Sagunt arrastra una media de casi 1.000 asuntos pendientes

Los asuntos pendientes de resolución en los juzgados de Sagunt se acercan a los 7.000, mientras los avances para dotar al partido judicial de una infraestructura acorde a sus necesidades se han ralentizado. Y es que, mientras sigue la espera para que la Conselleria de Justicia e Interior presente el proyecto definitivo del nuevo Palacio de Justicia como paso previo a su licitación, los siete tribunales de la capital comarcal iniciaron el último trimestre de 2023 con un promedio de casi 985 procedimientos en trámite, el nivel más alto de los últimos años, pese a la ampliación en un juzgado que se puso en marcha a principios de ese ejercicio.

Según los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los asuntos pendientes al cierre de 2019 rondaban una media de 625. Los primeros meses de pandemia elevaron esta cifra hasta casi los 700 a finales de 2020 y siguió creciendo hasta los 743 en 2021. A 31 de diciembre de 2022 es cuando se dispararon los procedimientos en trámite por encima de los 950 de media entre los siete juzgados de Sagunt. El primer trimestre de 2023, ya con el séptimo tribunal a pleno rendimiento, el promedio de casos sin resolución final se contrajo hasta poco más de 900, pero las referencias posteriores han confirmado que esa ampliación no es suficiente y, según estas fuentes, la acumulación de asuntos no puede achacarse a la falta de diligencia por parte de los tribunales.

8.500 procedimientos ingresados

Como muestra, el partido judicial de Sagunt, que presta servicio a los más de 98.000 habitantes del Camp de Morvedre, resolvió durante 2022 un total superior a los 10.500 asuntos, mientras que en los primeros nueve meses del pasado año se rozaron los 7.500. Sin embargo, este ritmo no llega ni para cubrir los procedimientos ingresados de esos periodos, que entre enero y septiembre de 2023 rozaron los 8.500 y en todo 2022 superaron los 11.800.

A este respecto, la evolución de esta variable es el más fiel reflejo de la creciente actividad judicial que se registra en la capital del Camp de Morvedre, ya que en 2019 apenas superaron los 9.400 asuntos, el primer año de la pandemia se elevaron hasta los 9.900 y la barrera de los 10.000 casos se rompió en 2021 con casi 10.500.

Una docena de juicios en un día

Otra referencia de esta congestión es la agenda de asuntos que se tratan en Sagunt, donde solo un juzgado, el tercero, tenía programada para este jueves una docena de juicios, todos por delitos leves, desde las 10 horas hasta pasadas las 12.35 horas, con un promedio para cada uno entre los 10 y los 20 minutos.

Las estadísticas del CGPJ ponen cifras a esta acumulación de asuntos, tasa que en el partido comarcal se encuentra en 3,9 a final del tercer trimestre del año, cuando la jurisdicción civil (4,8) presentaba peores números que la penal (2,9). Este índice de congestión, que resulta de sumar los asuntos pendientes y los ingresados antes de dividirlos por los procedimientos resueltos dentro de un mismo periodo, estaba en el 4,3 al cierre de 2022 y en 1,2 en 2021, como referencias más cercanas.

El proyecto de la nueva sede, "en breve"

Para solucionar estos y otros problemas, la Conselleria de Justicia y el Ayuntamiento de Sagunt impulsan desde hace unos años un nuevo Palacio de Justicia, cuyos primeros pasos fueron muy rápidos para disponer desde hace meses de la parcela ya urbanizada. La redacción del proyecto es lo que mantiene bloqueada esta inversión, que empezó siendo de 13 millones de euros y ya roza los 30 millones, después de darle una planta más al edificio con el objetivo de que no se quede pequeño antes de la inauguración.

Hace unas semanas, el consistorio mostró su preocupación por la falta de avances, aunque la consellera Elisa Núñez aseguró este jueves que la presentación del proyecto será "en breve". Pronunció estas palabras durante la visita a las obras del nuevo Palacio de Justicia que se construye en Gandia con un presupuesto de 21,7 millones de euros. De forma más general, la titular de Justicia e Interior en el gobierno de la Generalitat reclamó que el Estado dote de la Comunitat Valenciana de plazas estructurales, ya que "muchos de nuestros juzgados tienen una sobrecarga de trabajo que supera el 300 %".

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