Cinco organismos rechazan las macrofotovoltaicas en Sagunt

Cinco organismos llegaron a rechazar las macrofotovoltaicas proyectadas por la empresa Renovalia en casi 250 hectáreas de Sagunt situadas por el Camí Vell de Terol. La Plataforma en Defensa del Territori del Camp de Morvedre ha aireado tanto esta cuestión como que la promotora no presentó ante la Generalitat cinco pronunciamientos municipales contrarios, pero sí logró una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable por parte del gobierno autonómico. 

Aunque la conselleria declaró recientemente la caducidad de los permisos para el desarrollo del proyecto, en la plataforma persiste la preocupación porque se vuelva a presentar y se acabe haciendo.

Por ello, recalcan los distintos informes desfavorables a la instalación que emitieron diversos agentes: El Ayuntamiento de Sagunt, el gestor de redes de Iberdrola, Red Eléctrica de España, el Servicio de Gestión Territorial de la Dirección General de Política Territorial y la Dirección General de Carreteras de la Demarcación de Carreteras del Estado en la Comunidad Valenciana. «Además, Red Eléctrica de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) notificaron la pérdida de los permisos de acceso ante la falta del desarrollo del proyecto», añaden.

Aún así, incluso ven «más significativo» otro aspecto contemplado en la misma información hecha pública por la Conselleria sobre la tramitación del proyecto: Que la empresa promotora  «ocultó al órgano de la Generalitat hasta 5 informes de Incompatibilidad Urbanística y al Patrimonio Cultural del municipio», con lo que fue Ayuntamiento de Sagunt el que le aportó esa documentación «que el propio titular disponía y no había presentado al expediente», según se especifica en la resolución oficial. 

Como apuntan desde la plataforma, «esta falta de buena fe es la que ha llevado al pleno del Ayuntamiento de Sagunto a aprobar una moción para elevar una queja, debido que, a pesar de todos estos informes desfavorables, desde el órgano autonómico se concedió inicialmente una DIA favorable», dicen en referencia al reciente acuerdo plenario ya adelantado por Levante-EMV.

Ejecutar las garantías

Ahora, la entidad afirma que también va a «velar» porque se cumpla otro aspecto de la resolución autonómica que impide realizar por ahora el proyecto: El que establece «la ejecución inmediata de las garantías económicas presentadas para la tramitación de la solicitud». «Estamos hablando de cerca de 6 millones de euros en garantías que deberá ejecutar la administración por los incumplimientos y falta de buena fe del promotor", afirman.

Por ello, asegura que va a elevar una propuesta al Gobierno Valenciano "para que las cantidades recaudadas por la ejecución de las garantías de estos proyectos se destinen para planes de fomento de servicios en zonas rurales en riesgo de despoblación, ya que están siendo las áreas más tensionadas por este tipo de iniciativas y, donde el acceso a los servicios esenciales y de telecomunicaciones puede proveer el posicionamiento de otras iniciativas de empleo con el objetivo de frenar el abandono rural, además de la protección de los espacios naturales y culturales que desde las ciudades estamos descuidando". 

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