ADIF cita a propietarios expropiados por las obras entre Sagunt y Teruel

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible avanza en la adaptación de los túneles y los pasos superiores para la electrificación de la línea Sagunt-Zaragoza. Si hace unas semanas adjudicó la actuación por 120 millones de euros, ahora se ha puesto manos a la obra, a través de la dirección general del Sector Ferroviario, para la ocupación de los terrenos afectados, que en el tramo que discurre entre la capital del Camp de Morvedre y Teruel afecta a los municipios de Viver, Jérica y Navajas, además de Sarrión y Albentosa. 

La intervención está incluida en el plan director de esta línea y está enfocada en la mejora de las condiciones del tráfico de mercancías, con la estimación de que se acabará ahorrando la emisión anual de cerca de 5.000 toneladas de dióxido de carbono y más de 2 millones de litros de combustible.

Parcelas afectadas

Según el anuncio del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), que impulsa el proyecto, el municipio más afectado de la Comunitat Valenciana en este expediente de expropiación es Jérica. En cualquier caso, la mayoría de propiedades ya son de la empresa estatal, aunque también hay parcelas de los ayuntamientos, la Generalitat, otras instituciones públicas, particulares y algunos no tienen dueño conocido.

Todos ellos están citados entre el 8 y el 10 de octubre para la firma del acta de ocupación previa, que marcará el momento en el que las empresas adjudicatarias podrán hacer uso de estos terrenos. El tramo Sagunt-Teruel cuenta con 22 pasos elevados, que se encargará de adaptar para la electrificación del recorrido por la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Torrescámara y Compañía de Obras y Mantenimiento de Estaciones, y nueve túneles, de los que se hará cargo la UTE compuesta por Acciona Construcción y Grupo Bertolín.

Declaración de urgencia

Según recuerdan desde el ministerio, el proyecto está declarado de utilidad pública, lo que implica la necesidad de ocupación de los bienes afectados y la declaración de urgencia de la misma. Así y en este mismo trámite, la dirección general del Sector Ferroviario ha abierto el expediente a información pública para que los afectados dispongan de un plazo de 15 días para formular las alegaciones que consideren oportunas sobre la expropiación, servidumbre u ocupación temporal de su suelo.