Sagunt acelera la estabilización de la plantilla municipal tras varias condenas

El Ayuntamiento de Sagunt lleva desde el verano de 2022 con la misión de dotar a su plantilla de estabilidad laboral, después de que varios pronunciamientos tanto políticos como judiciales en el ámbito europeo obligaran a las administraciones públicas a poner solución al insostenible problema de la interinidad.

En el caso de la capital del Camp de Morvedre, la concejalía de Personal, dirigida por María José Carrera, desarrolla desde hace más de dos años los procedimientos para adjudicar más de 200 plazas, de las cerca de 300 que fuentes municipales reconocieron en su momento que se mantenían en condiciones de precariedad. Esta situación llevó a los afectados a manifestarse en reiteradas ocasiones, no solo por sentirse desamparados por las autoridades, sino también por los principales sindicatos.

Con más de 35 convocatorias abiertas entre los concursos, tanto para funcionarios como para personal laboral, y los concursos-oposición, hace unos días se conocieron las últimas novedades para cuatro de ellas, concretamente las referidas de 26 puestos de subalterno, cuatro operarios de mantenimiento y tres conserjes. Este reciente paso ha significado la aprobación definitiva de las listas de candidatos admitidos, en las que hay 123 personas, y excluidos, que son una decena después de que el ayuntamiento atendiera las alegaciones de unos de los aspirantes que se había quedado fuera en la resolución provisional.

Batalla en los tribunales

Estos esfuerzos del gobierno de Sagunt para estabilizar su plantilla conseguirán también que el ayuntamiento se quite de encima las numerosas sentencias que a lo largo de los últimos meses han reconocido el "abuso de temporalidad" cometido durante décadas por la administración local. Y es que al menos nueve procedimientos judiciales dieron la razón en parte a los empleados del ayuntamiento que llevaron sus casos a los tribunales.

En todos ellos se dejaba claro que "no hay duda de la situación de fraude de ley por el nombramiento de los demandantes como funcionarios interinos", quienes en algunos casos acumulaban más de 20 años de trabajo en el consistorio sin que se hubiera resuelto la fijeza de su plaza.

Plaza fija y 18.000 euros

Sin embargo, las sucesivas sentencias también coinciden en rechazar el resto de pretensiones de estos trabajadores, que reclamaban una indemnización de 18.000 euros para cada uno, así como la adjudicación directa de los puestos que ocupaban y la consiguiente anulación de los procedimientos abiertos por el ayuntamiento para la asignación de sus plazas.

La sección 2 de la sala contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana es la que se ha pronunciado en reiteradas ocasiones en este sentido, después de que el juzgado número 7 de València negara también que se hubiera producido un abuso de temporalidad. Los recursos de apelación de los trabajadores consiguieron al menos que se reconociera este fraude, esgrimiendo como base varios pronunciamientos tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como del Tribunal Supremo.

Últimos recursos rechazados

En el cierre a los diferentes procedimientos judiciales, los trabajadores y el ayuntamiento recurrieron las sentencias del TSJ, unos para ver reconocidas sus otras dos reclamaciones y el consistorio para que no se le condenara por los abusos de temporalidad. La representación municipal esgrimió que los demandados no habían reclamado que se les reconociera esa condición, así que el fallo era "incongruente". Sin embargo, el tribunal rechazó estos argumentos y también los de los empleados, que habían pedido una aplicación directa de la normativa europea.

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