Faura rechaza la nueva ley educativa

El Ayuntamiento de Faura ha aprobado, durante su último pleno, una moción conjunta presentada por el PSPV y Junts por Faura que solicita la retirada de la Ley 1/2024 de libertad educativa, así como del proyecto de orden que regula la consulta sobre la lengua base de enseñanza prevista para el curso 2025-2026.

La moción, que salió adelante con el voto en contra del PP, argumenta que la actual legislación no garantiza la igual competencia en valenciano para todo el alumnado y puede generar diferencias entre estudiantes según su origen lingüístico o comarca de procedencia.

El texto aprobado señala que la ley actual no cumple con lo establecido en el artículo 19.2 de la Ley de uso y enseñanza en valenciano (LUEV), que indica que al finalizar la ESO "los alumnos tienen que estar capacitados para utilizar, oralmente y por escrito, el valenciano en igualdad con el castellano". Además, advierte que el modelo lingüístico propuesto no actúa sobre las carencias existentes para garantizar la igualdad de aprendizaje y dominio de las dos lenguas oficiales al finalizar la educación básica, cosa que atenta también contra los preceptos de la Ley Orgánica por la modificación de la Ley Orgánica de educación (LOMLOE).

Entre los acuerdos adoptados en esta moción destaca el compromiso municipal a realizar acciones positivas en favor del valenciano y solicita a la Conselleria que considere las aportaciones de la comunidad científica y abra un proceso de diálogo con la comunidad educativa.

La moción subraya que el conocimiento del valenciano suma capacidades cognitivas al alumnado en todas las materias y facilita el aprendizaje otras lenguas, asegurando un aprendizaje equilibrado de las dos lenguas oficiales sin perjuicio para el desarrollo del primer idioma.

Otros acuerdos

En otro punto del orden del día, el PSPV presentó una moción en defensa de unos servicios sociales públicos y de calidad, ante la aprobación por parte de la Generalitat de la Ley 6/2024, de 5 de diciembre, de simplificación administrativa, que supone, según el grupo, un claro ataque al sistema de protección social de la Comunidad Valenciana al modificar la Ley de servicios sociales y del decreto que regula su prestación, al abrir la puerta a su privatización. 

La moción pone de manifiesto la importancia de mantener y fortalecer el sistema público de estos servicios como pilar fundamental del estado del bienestar. Entre los acuerdos adoptados se incluyen medidas específicas para garantizar la calidad y accesibilidad de estos servicios, manteniendo las ratios de personal pactadas, así como el compromiso de defender su carácter público frente a cualquier intento de privatización. La propuesta contó con el voto a favor de PSPV y Junts per Faura y el voto en contra del PP.

Por otro lado, el PP presentó una moción relativa a efectos de la dana de octubre de 2024, sobre algunos pueblos de la provincia de València que han quedado fuera del Real decreto ley 6/2024, de 5 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de respuesta ante los daños causados por la emergencia. En ese sentido, después de enmendar la propuesta, esta fue aprobada por unanimidad con el objetivo que el Gobierno de España incluya en este Real decreto ley cualquier municipio que haya quedado fuera y acredite que se ha visto afectado por la DANA, de forma que se garantice para todos ellos el acceso a ayudas estatales.