Desahucian a una familia vulnerable de Sagunt pese al decreto que blinda estos casos

Con grandes dosis de entereza, preocupación y muchas dudas sobre un futuro. Así ha afrontado una familia del Port de Sagunt, con dos menores a su cargo y otros dos hijos, su desahucio del piso que ha sido su hogar durante más de 15 años.

De nada han servido las acciones judiciales de su abogada para intentar frenar esta medida al aludir al Real Decreto-Ley 'ómnibus' aprobado a finales del pasado mes de enero que incluyó la prórroga de la suspensión de los desahucios por impago a hogares en situación de vulnerabilidad; un hecho que ellos acreditaron con varios informes municipales.

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"Nos han dejado en la calle", decía a Levante-EMV con brillo en los ojos el padre de familia, Mustapha El Hajjam, después de cargar tanto colchones como enseres en su furgoneta de trabajo junto a su mujer, sus hijos y dos allegadas. "Hoy dormiremos en el piso de unos amigos, que también son 6 personas de familia. Pero su piso es pequeño y ahí no cabemos, así que tendremos que dormir en mi furgoneta", apuntaba este albañil con resignación y roto de dolor al ver que a una de sus hijas se echaba a llorar mientras a su mujer, tras horas de tensión, también se le humedecían los ojos.

Prórrogas

El desahucio de esta familia con cuatro hijos de 15,16, 20 y 21 años llega ahora tras una resolución judicial dictada en su contra en 2023 y que, según precisa un auto fechado en abril de 2024, "no fue recurrida". Tras ello, llegaron unas prórrogas atendiendo a la situación de vulnerabilidad que esta vez no se han producido por mucho que la familia tuviera todas sus esperanzas puestas en ello.

"¡Lo que tampoco se entiende es que el ayuntamiento no les proporcione un piso, siendo que son una familia vulnerable con dos menores!", afirmaba la amiga de la familia que les va a acoger en su piso "uno o dos días, porque más no podremos", después de haber ido a ayudarles a sacar sus pertenencias.

"Encima, cuando íbamos sacando todo del piso, en el patio de la finca, ha habido comentarios fuera de lugar por parte de policías nacionales y personal desplazado allí que te hacían sentir peor, criticando que si el tamaño de la tele que tenían y cosas así... Eso lo pueden pensar, pero comentarlo más tarde y en otro lugar, porque solo hace más daño. Además, si les han desahuciado es porque la dueña quería recuperar su piso pues ellos pagaban siempre el alquiler", decía la amiga de una de las hijas mientras la madre, Kwtar Belattar, hacía grandes esfuerzos por mantenerse pero no era capaz articular palabra.

"Situación injusta"

En  Esquerra Republicana del Camp de Morvedre (ERPV) urgieron ayer al consistorio a actuar para intentar frenar el desahucio al conocer el caso por Levante-EMV.

Desde el ayuntamiento resaltan que los Servicios Sociales municipales actuaron el año pasado para paralizar entonces su desahucio y, tras lograr una prórroga, les facilitaron asistencia para buscar soluciones. A partir de ahí, afirman que ellos no volvieron a contactar con el departamento pero que, en cuanto este volvió a tener constancia de la nueva orden de alzamiento, "se ha estado interviniendo". De hecho, en enero remitió un primer informe al juzgado acreditando la situación de vulnerabilidad e indicando que jamás han dejado de pagar el alquiler. También esta semana, tras conocer la intención de seguir adelante con el desahucio, remitió de nuevo el informe y contactó telefónicamente con el juzgado, incidiendo en que según el Real Decreto-Ley 1/25 quedan suspendidos los desahucios de familias vulnerables hasta final de año.

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Aunque han verificado que los ingresos de la familia superan el umbral estipulado en la ordenanza municipal para recibir ayudas económica, aseguran que seguirán haciendo seguimiento para intentar encontrar una solución a una situación que ven "injusta”.