El futuro del Malecón vuelve al Congreso

«El Malecón de Menera es el fruto del sudor y la salud de miles de trabajadores de los Altos Hornos y de la Compañía Minera de Sierra Menera (CMSM) que ha costado la vida a cientos de ellos. Y desde 1987 se está usurpando a la ciudadanía». Con esta contundencia encabeza su pregunta al Congreso la diputada por Sumar, Àgueda Micó, que recoge una de las reivindicaciones que sostienen los defensores del aprovechamiento público de este espacio de algo más de 66.000 metros cuadrados en primera línea de la playa del Port de Sagunt. 

En su cuestión, la dirigente de Compromís repasa lo que considera los hitos fundamentales de este conflicto, que se remonta al verano de 1902, para acabar planteando por qué no se ha incoado «aún» el expediente de caducidad de la concesión que se formalizó a principios del siglo pasado a favor de la CMSM, cuándo tiene previsto hacerlo el Ministerio para la Transición Ecológica y si va a revocar el segundo intento de sacar la parcela de dominio público marítimo-terrestre (DPMT). 

Sentencia de 2010

Cabe recordar que la propietaria del Malecón de Menera, según reconoció una sentencia de la Audiencia Provincial de València dictada en 2010, aprovechó el primer deslinde para reclamar al Ayuntamiento de Sagunt la expropiación de los terrenos por más de 100 millones de euros, una pretensión que desestimaron primero el consistorio y luego la Justicia.

En su respuesta a Micó, emitida hace unos días, el Gobierno reitera su estrategia sobre la base de aquel controvertido fallo que hace 15 años declaró a Prosagunsa dueña de los terrenos «como bien de titularidad privada desde la Real Orden de 11-8-1902». Así, el Ministerio para la Transición Ecológica justifica su postura en la aplicación de la disposición transitoria segunda de la Ley de Costas de 1988, que contempla el reconocimiento de la propiedad privada en DPMT.

Nuevo deslinde

Sobre el deslinde aprobado en 2023, el Gobierno apela a la sentencia que tumbó el primero, aferrándose a la coletilla de la Audiencia Nacional que, tras declararlo nulo, añadió que «sin perjuicio de que la Administración pueda incoar un expediente practicando las actuaciones oportunas conforme a las disposiciones de la Ley de Costas y su reglamento». En cualquier caso y sin querer entrar en las reclamaciones de la diputada de Compromís, la respuesta en el Congreso recuerda que esta segunda tentativa de desentenderse del problema también está recurrida en los tribunales por el Ayuntamiento de Sagunt.

Abogacía del Estado

Este procedimiento, que se instruye desde la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, ya cuenta con un informe de la Abogacía del Estado que se opone «con contundencia» a la demanda municipal y solicita la ratificación del deslinde en «todos sus términos», según confirman a Levante-EMV fuentes conocedoras del proceso judicial.

Además de nuevos intentos por vallar la parcela, Prosagunsa aprovechó la aprobación de este segundo expediente para presentar su propuesta «de partida» para estos terrenos, que contemplaba una inversión de 190 millones de euros para la construcción tanto de cuatro edificios de 20 alturas, uno de ellos para uso hotelero, como de una piscina y una gran zona verde para uso público.

Caso paradigmático

Entre los argumentos que Micó traslada en su pregunta en el Congreso destaca su interpretación de que el Malecón de Menera es un «caso paradigmático» sobre las cuestiones que pretende «subsanar» la Ley de Costas, como son «el creciente proceso de privatización y depredación, así como la grave dejación administrativa» para garantizar el uso y disfrute de la ribera del mar por parte de todos. 

La diputada de Sumar muestra también su sorpresa por el empecinamiento de Costas con el nuevo deslinde, «a pesar de las sentencias», en referencia a una que en 2002 negó la exclusión de los terrenos de DPMT y a la que en 2018 tumbó el primer intento. Defiende Micó que «el Malecón está sujeto a las cláusulas de la concesión de 1902, entre las que dos concretamente impiden que estos terrenos pasen a ser propiedad de un particular», así que «no es una posibilidad de la administración, sino una obligación recuperar el dominio público mediante la declaración de la caducidad de la concesión».

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