Sagunt ‘peleará’ por la ampliación de un colegio concertado por suelo forestal

El Ayuntamiento de Sagunt no está dispuesto a renunciar al expediente impulsado desde hace más de una década para la ampliación del colegio San Vicente Ferrer de la Fundación Santo Domingo. En pleno suelo forestal, los deficientes accesos y la necesidad de nuevas instalaciones han llevado a su comunidad educativa a reclamar durante años mejoras, especialmente para evitar el caos de coches en los horarios de entrada y salida.

En 2016, después de dos intentos infructuosos, se aprobó por pleno el expediente urbanístico para impulsar las necesarias modificaciones. Ahora, la dirección general de Urbanismo de la Generalitat lo tumba, mediante la declaración de caducidad del documento de alcance del estudio ambiental y territorial estratégico (Daeate). El argumento esgrimido es que el ayuntamiento no remitió al órgano ambiental la documentación requerida en el plazo concedido, que se agotó en noviembre de 2020 tras una prórroga de dos años.

Tras la notificación por parte del organismo autonómico, el consistorio respondió con las «deficiencias» detectadas en el acuerdo adoptado por la Generalitat y comunicado hace apenas una semana. El primero es el plazo para que el ayuntamiento formule un requerimiento de anulación, que Urbanismo fijaba en dos meses, pero los técnicos municipales limitan a 15 días hábiles, de tal forma que expiraba este martes.

Acuerdo de junta de gobierno

Ese es el motivo de que el acuerdo de recurrir la resolución se adoptara por junta de gobierno y este jueves se lleve al pleno para su ratificación. La segunda precisión es que el acuerdo no fue notificado a la Comunidad de Hermanas Dominicas de la Anunciata de Sagunt, que gestiona el centro concertado y promueve la modificación urbanística.

Más allá de estas cuestiones procedimentales, la tercera alegación va al fondo del asunto, al afear a la conselleria que no tuviera en cuenta una serie de «actuaciones y omisiones decisivas» a la hora de adoptar el acuerdo de caducidad de la Daeate. El consistorio señala en este capítulo la apertura en 2019 del proceso de participación pública y la remisión ya en 2020 de la documentación ambiental requerida por ley para impulsar las modificaciones urbanísticas. 

Aprobación provisional

A partir de entonces, siempre según la versión del ayuntamiento, el órgano territorial competente «no emitió ninguna contestación dentro del plazo legal de tres meses», que expiraba, con la hipotética prórroga incluida, en septiembre de ese 2020. Ya en octubre de 2022, el pleno de Sagunt acordó continuar con la tramitación del expediente, mediante la aprobación provisional de la modificación urbanística y su remisión a Territorio para el visto bueno definitivo.

Este último organismo, «como un simple automatismo», archivó la solicitud «al no disponer de la correspondiente declaración ambiental y territorial estratégica». Interpretan los servicios técnicos municipales que este pronunciamiento «se desentiende y se remite al órgano ambiental incumplidor».

Avance "extemporáneo"

En ese punto y de «forma extemporánea», el servicio de Evaluación Ambiental Estratégica inició las actuaciones y, «sin entrar en el fondo del asunto», reclamó la aportación de cuatro informes sectoriales de departamentos autonómicos, que «ya fueron solicitados en 2019, sin que se dignaran a contestar», replica el consistorio.

Por mucho que el Consell tilde la falta de estos pronunciamientos como «un problema y una responsabilidad municipal», el ayuntamiento vuelve a aferrarse a la normativa para señalar que no tiene la capacidad legal para obligar a redactar esos informes y que es el propio servicio ambiental el que debe convocar una comisión con los departamentos competentes. También recuerda el consistorio que en julio de 2023 se emitió uno de esos pronunciamientos sectoriales.

Anulación

Así el Ayuntamiento de Sagunt considera evidente que los argumentos esgrimidos desde Urbanismo para caducar la Daeate «no son correctos», de tal forma que reclama la anulación de este acuerdo y el estudio de la documentación remitida para la aprobación definitiva de los cambios urbanísticos o la comunicación de los defectos en el expediente para su subsanación.

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