Una pugna en la Unión Musical Porteña lleva a pedir la mediación de la Federación de Bandas

La falta de entendimiento entre socios ha generado escritos cruzados a la Conselleria, dimisiones y recogidas de firmas para pedir asambleas

El vicepresidente, a la izquierda, y la presidente que dimitió, a la derecha.

El vicepresidente, a la izquierda, y la presidente que dimitió, a la derecha. / Unión Porteña

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Sagunt

La Unión Musical Porteña (UMP) está viviendo un fuerte desgaste interno que ha llevado a pedir la mediación de la asesoría jurídica de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, además incluir varias dimisiones, entre ellas la de quien fue elegida presidenta en 2020 y es una de las fundadoras de la entidad, Asunción Edo.

El origen de la disputa llega después de que el pasado mes de julio caducara el mandato de la directiva anterior pero, en todo este tiempo, no se haya votado a otra en su lugar pese a que un grupo de socios presentó en primavera una candidatura para asumir esas funciones que, según explican sus integrantes, se dio por válida en abril.

Desde esta última fecha, todo se ha ido dilatando sin que se hayan llegado a celebrar las votaciones previstas para el mes de octubre, en un proceso que ha incluido escritos  cruzados a la Conselleria desde las dos partes enfrentadas: La liderada por la presidenta elegida en 2020, Asunción Edo, y la encabezada por el vicepresidente, el exedil de IP Sergio Paz.

En un principio, la previsión era que la junta de Edo prolongara su mandato unos meses porque había unas cuentas bancarias bloqueadas y era urgente resolver esa situación "para poder pagar nóminas y a proveedores". Así se expuso en la asamblea de octubre, donde tambien se aludió a la necesidad de renovar los estatutos para hacer un nuevo reglamento electoral y se obtuvo el aval de la mayoría para esas dos medidas.

Cuando se tramitaron esas modificaciones estatutarias, tras aprobarlas en una asamblea en diciembre, la dirección Territorial de la Conselleria de Justicia y Administración Pública les contestó el 27 de enero que debían tramitarlo desde una "junta directiva actualizada" y les dio 10 días para subsanarlo.

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Desde el sector de Edo se argumentó que no se había culminado ningún proceso de renovación y tenían el mandato de la asamblea celebrada en octubre para mantener en todos sus cargos a la junta directiva elegida 2020, "especialmente en los referentes aspectos económicos y la validez de la firma bancaria como representantes de la asociación"; una medida que, según aseguraron, estaba en vigor "hasta que los nuevos estatutos sean ratificados por la Conselleria y seguidamente se inicie el proceso electoral". La candidatura de Sergio Paz también alegó, instando a la conselleria a notificar a la Junta Directiva saliente la caducidad de su mandato. Esto último es lo que hizo el departamento en un escrito fechado el 24 de marzo, asegurando que no podría tramitar el cambio de estatutos hasta que una asamblea general eligiese a una nueva directiva.

Dimisión

La situación se precipitó recientemente con la dimisión de Edo, un día después de que un grupo de asociados solicitarala convocatoria de asamblea para concluir el proceso electoral de octubre "y proclamar a la junta entrante encabezada por Paz", dado que este último fue entonces el único aspirante.

Edo justificó justificó su renuncia en una «campaña de acoso y derribo» por parte de Paz, que niegan sus partidarios. También aseguró que su intención es que «sea la asamblea de socios como órgano soberano la que desbloquee la situación» pues, en virtud de los estatutos vigentes, al dejar al cargo se deben convocar elecciones. A esto añadió que la presidencia "siempre ha defendido el interés general de la entidad emanado de las asambleas celebradas el 8 de julio del 18 de octubre y el 13 de diciembre" y que "en la junta directiva del 18 de julio", a la que ella no pudo asistir por indisposición, "el señor Paz declaró la nulidad de la asamblea del 8 de julio cuando dicho órgano de representación no tiene capacidad legal para anular los acuerdos de una asamblea general como recoge la legalidad vigente".

Mediación

Ante la división de opiniones de si se debía proclamar la candidatura de Paz o convocar elecciones, los partidarios de Edo apuntan que  en la junta del 3 de abril se acordó pedir la mediación del asesor jurídico de la Federación de Bandas para luego valorar qué hacer. Sin embargo, el vicepresidente en funciones, Sergio Paz, ha convocado una Asamblea General Extraordinaria para el próximo 12 de junio «para renovar la Junta caducada»; un último adjetivo que los partidarios de Edo rechazan, al considerar que los mandatos de la asamblea garantizan su operatividad y que la Conselleria no ha razonado porqué la considera así.

Se espera que en ese encuentro paticipe el abogado de la Federación de Bandas. Ahora, mientras la intención de Paz es «proclamar su candidatura», un escrito presentado el 11 de abril firmado por más del 10% de los socios «ha pedido que en esa fecha haya elecciones», como explica Edo, insistiendo en cumplir los estatutos y asegurando que la candidatura de Paz «no se ajustaba a ellos»

"Peligran la continuidad de la Escuela y las subvenciones"

Los partidarios del exedil de IP han decidido hacer público lo ocurrido, alertando de "los más de nueve meses de parálisis directiva". A su juicio "peligra la continuidad de la Escuela de Música, la sexta en cantidad de alumnos de la Comunitat Valenciana, con más de 250 inscritos, así como el resto de agrupaciones musicales, que podrían quedarse sin recibir subvenciones por el bloqueo", dicen recordando que la entidad cuenta con más de 350 socios y da trabajo a 24 personas, tres no docentes y el resto, músicos.

Buen estado económico

Esto, sin embargo, es negado por Edo y sus partidarios, que insisten en que la asamblea facultó a continuar a la directiva de 2020 y, por tanto, ésta puede seguir haciendo gestiones.  «El 3 de abril de 2025, la sociedad tenía en sus cuentas más de 200.000 euros, a falta de recibir la subvención del ayuntamiento para este año de 50.000 €, que está ya aceptada», afirma la expresidenta, considerando que el argumento de Paz solo busca «el efecto del miedo», mientras los partidarios de este último siguen hablando de «bloqueo» a la hora de hacer algunos trámites oficiales.

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