Absuelven al exalcalde de Sagunt y dos ediles por coacciones a otro concejal

El Juzgado de lo Penal número 2 de València ha absuelto al exalcalde de Sagunt elegido en 2015, Quico Fernández (Compromís), y a otros dos exediles del gobierno local de un delito de coacciones a quien fuera también concejal de la localidad en aquella época, el socialista Francisco Crispín.

En su sentencia, la magistrada-juez Ana Faus deja libres de cargos tanto al exalcalde nacionalista como a los exediles Teresa García (Compromís) y Sergio Moreno (ADN Morvedre), a quienes la acusación particular pedía tres años de prisión y 240.000 euros en concepto de responsabilidad civil a abonar de forma conjunta por «daños y perjuicios ocasionados», entre los que contaban «lesiones psíquicas», más «el grave daño al honor a la familia, la propia imagen y el perjuicio moral por pérdida de calidad de vida».

Las supuestas coacciones del exalcalde y exediles de Sagunt irán a un juicio oral

El origen del proceso está en la denuncia presentada por Crispín en julio de 2020 por unos hechos ocurridos cinco años antes en un encuentro mantenido en un bar que el socialista había grabado y donde, según él, le habían amenazado si no aprobaba el presupuesto.  

Aquella reunión se enmarcaba en las negociaciones del gobierno de Compromís, la marca blanca de Podemos y EU ya que necesitaban al menos un voto más para aprobar las cuentas municipales, que estaban prorrogadas desde 2009.

Como figura en la sentencia como «hechos probados», el exalcalde y la también exdiputada autonómica Teresa García trataron de justificar en esa conversación la negativa a que el socialista (también funcionario municipal y exalcalde de Sagunt) formara parte del equipo de gobierno, argumentando que existían una serie de informaciones y estadísticas que determinaban que el volumen de expedientes de otorgamiento de licencias ambientales municipales «era más elevado» cuando intervenía la empresa donde ejercían de proyectistas los hijos de Crispín, Jefe de Actividades del consistorio.

"Ninguna coacción, amenaza ni nada parecido se escucha"

Aunque dos defensas llegaron a solicitar que se declarase la nulidad de la grabación por posible manipulación, la jueza lo descartó con un argumento claro: «Tras oír nuevamente la grabación, ninguna coacción, amenaza ni nada parecido se escucha. Por lo tanto no entiendo que se haya manipulado algo para no conseguir el objetivo propuesto; por otro lado, el ruido ambiental es en todo momento continuo; no se oyen cortes ni diferencias».

También afirma que esa grabación es como una "conversación-monólogo" de Crispín y «en las pocas veces que los acusados pueden decir una frase", "lo único que queda claro es que le están informando del motivo por el que no puede entrar en el equipo de gobierno. No le dicen en ningún momento que si no vota a favor de los presupuestos, vayan a airear las estadísticas referidas a sus hijos. De hecho, el denunciante no votó a favor de los presupuestos ni se abstuvo, siendo este el objetivo de las supuestas coacciones y nada pasó».

«Maniobra política»

Para la magistrada, «el remate» es que Crispín pone la denuncia «casi 5 años después de los hechos justo cuando fue absuelto del otro procedimiento penal», dice en relación a la causa abierta contra él y otros cuatro técnicos municipales, después de una denuncia de Sergio Moreno  por el dinero que recibían del consistorio para ropa de trabajo que acabó absolviendo a todos. Como afirma la jueza: «Esta denuncia más bien parece una maniobra política que busca una venganza o una limpieza del nombre del denunciante pero sin ninguna trascendencia penal», dice en sus consideraciones.

"Negociación"

La magistrada recalca que «aparte de la grabación, la única posibilidad de basar la acusación era la declaración de Natalia Antonino», otra edil, «ya que según el denunciante, García ya le había avisado en una reunión previa, pidiéndole que le transmitiera esas supuestas amenazas o advertencias que tenían por objeto coaccionarle. Pero Antonino no avaló la versión del denunciante incluso llegó a decir que todo lo vio como una negociación política y no lo entendió como una coacción a Francisco. Y no confirmó la manifestación del denunciante que dijo que lloraba cuando habló con él y que estaba muy afectada, por lo que aún queda más patente que lo que allí se habló en ningún caso revistió de la gravedad que requiere el hecho criminal», sostiene.

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