La absolución del exalcalde de Sagunt y dos exediles será recurrida

La reciente absolución del exalcalde de Sagunt elegido en 2015, Quico Fernández (Compromís) y otros dos exediles del gobierno local será recurrida en los próximos días por el exedil que les llevó al juzgado por supuestas cooacciones para que aprobara el presupuesto municipal, el socialista Francisco Crispín. Así lo ha confirmado este último a Levante-EMV, cuestionando la sentencia del Juzgado de lo Penal número 2 de València donde la magistrada-jueza Ana Faus les exime de responsabilidades penales e incluso considera que esa denuncia "más bien parece una maniobra política que busca una venganza o una limpieza del nombre del denunciante pero sin ninguna trascendencia penal», dice en sus consideraciones.

Crispín cree que el fallo «no se puede basar en que no hay bastantes pruebas de cargo para cuestionar la presunción de inocencia» del exalcalde Quico Fernández y los exconcejales Teresa García (Compromís) y Sergio Moreno (ADN Morvedre). "Son argumentos bastante flojos... Podía ser técnicamente mejor", opina además de considerar que "España ha avanzado en muchos campos, pero la asignatura pendiente es la Justicia".

Absuelven al exalcalde de Sagunt y dos ediles por coacciones a otro concejal

Por mucho que la magistrada-jueza les haya absuelto, después de que la edil Natalia Antonino no confirmara la versión del socialista y lo viera todo como una «negociación política», Crispín se reitera en sus acusaciones y asegura a este diario haber recibido "coacciones continuadas" para que permitiera aprobar los presupuestos municipales a un gobierno en minoría, más allá de la grabación que aportó en el juicio sobre la conversación mantenida en un bar; un documento oral que Crispín afirma haber recogido "no por llevarlo al juzgado", sino por tenerlo si sus adversarios negaban los hechos en el pleno.

"Si lo hubiera hecho para el juzgado, habría tenido mejores condiciones técnicas. Pero el caso es que, a parte de esa reunión, hubo más cosas", dice sin dar detalles, después de que la jueza dejara claro que, en ese audio, «ninguna coacción, amenaza ni nada parecido se escucha» y que "lo único que queda claro es que le están informando del motivo por el que no puede entrar en el equipo de gobierno. No le dicen en ningún momento que si no vota a favor de los presupuestos, vayan a airear las estadísticas referidas a sus hijos. De hecho, el denunciante no votó a favor de los presupuestos ni se abstuvo, siendo este el objetivo de las supuestas coacciones y nada pasó», recoge la sentencia en alusión a un supuesto mayor número de licencias concedidas al despacho donde trabajaban los hijos de Crispín desde la concejalía de Actividades donde él trabajaba como técnico municipal y era jefe de sección.

"Sí o sí, recurriré"

El socialista, no obstante, es rotundo. "Sí o sí, recurriré. Yo soy la víctima de un complot y aunque estas tres personas a las que denuncié son los actores principales, hay más gente implicada", dice añadiendo que "a lo mejor, salen en el proceso", pero sin querer precisar más y reiterando el argumento que ha mantenido desde que presentó la denuncia en 2020: Que la presunta amenaza «se cumplió» cuando el exedil Sergio Moreno le acusó ante la Unidad de Delincuencia Económica y FiscaL (UDEF) de supuesta malversación de caudales públicos y otros delitos, junto a otros cuatro técnicos del departamento; algo de lo que la Audiencia Provincial de València les absolvió.  Y ello, a pesar de que la magistrada-jueza afirma en la sentencia que «no se ha podido probar» que existiera un acuerdo de Moreno «con los otros acusados» para interponer aquella denuncia.

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