Canet da la batalla legal tras la anulación de un contrato de hace 21 años

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de 31 de marzo de 2025, que declaraba nulo el contrato de gestión de agua potable firmado con la empresa Egevasa.

Los servicios jurídicos municipales consideran que la empresa Aqlara, que inició el proceso, no estaba legitimada para ello.

El recurso fue presentado hace ya unos meses pero desde el consistorio lo han confirmado ahora a preguntas de Levante-EMV después de que la 'Plataforma de Afectados por las Actividades Delictivas de Sancho Sempere' haya aireado su reciente envío de un burofax al ayuntamiento donde pide dimisiones en el consistorio tras afear, entre otras cosas, trámites municipales relativos a la gestión del agua a los que alude el fallo recurrido.

Como informó en su día este diario, esa sentencia recurrida por Canet anuló en marzo de este año varios acuerdos municipales: El de la gestión del agua suscrito en 2004 entre Egevasa y el ayuntamiento, bajo el mandato de la alcaldesa Amparo Mañó (EUPV), así como la prórroga suscrita en 2009, más un acuerdo del 2 de marzo de 2023 del consistorio presidido ya por el socialista Pere Antoni Chordà. En este último se rechazaba tramitar el procedimiento de revisión de oficio de los contratos, tal como solicitaba la empresa Aqlara pese a que, según fuentes municipales, esta firma no participó en el procedimiento de licitación y de ahí que no la consideren legitimada para ello.

Desde la 'Plataforma de Afectados por las Actividades Delictivas de Sancho Sempere' también cuestionan en su burofax la "presunta irregularidad" en un proceso selectivo de promoción interna que llevó a una resolución de la Agencia Valenciana Antifraude fechada en diciembre de 2022 y la falta de información en otro que favoreció a una funcionaria, dicen sin precisar nombres.

Dudas sobre la recuperación de fondos

Igualmente, dicen no tener constancia de que el ayuntamiento haya "ejercitado las acciones administrativas y judiciales necesarias para la recuperación de los fondos públicos indebidamente percibidos, después de la condena penal firme por parte del Juzgado de lo Penal número 18 de Valencia de 21 de julio de 2022 por delitos de corrupción y prevaricación administrativa del exsecretario municipal José Antonio Sancho Sempere". Y admiten no tener conocimiento de si la corporación "ha abierto siquiera" un expediente informativo "para esclarecer unos hechos por los que un juzgado de instrucción de Valencia está investigando a una funcionaria municipal", apuntan sin concretar más.

Petición de dimisiones

Estos argumentos les bastan para demandar "la dimisión del alcalde y de todos los concejales que aprobaron o consintieron los acuerdos anulados" por el fallo ya recurrido por el consistorio; una petición que fuentes municipales descartan en rotundo, resaltando además que el proceso judicial por la gestión del agua no ha concluido y negando cualquier posible irregularidad como las planteadas desde la citada 'Plataforma'.

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