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Canet descarta que el fallo sobre el agua suponga un gasto de 5 millones

El alcalde, Pere Antoni, asegura que el gobierno local «está tranquilo» porque respetó la ley al rechazar la solicitud de revisión del contrato en 2023

El alcalde y el edil Eduardo Almor, en un pleno.

El alcalde y el edil Eduardo Almor, en un pleno. / Daniel Tortajada

Mónica Arribas

Mónica Arribas

Canet d' en Berenguer

«Estamos muy tranquilos». Este es el mensaje que ha lanzado Pere Antoni, el alcalde de Canet d’en Berenguer , respecto a la sentencia de 31 de marzo de 2025 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que anula el contrato de gestión de agua potable firmado hace 21 años con la empresa Egevasa, la prórroga suscrita en 2009 y el acuerdo municipal de 2023 que rechazaba la revisión de oficio del acuerdo suscrito con esa empresa.

Tras resaltar que, como adelantó Levante-EMV, el ayuntamiento recurrió el pasado 22 de mayo este fallo ante el Tribunal Supremo, el socialista afirma que el consistorio «respetó escrupulosamente lo que marca la ley según la vigente jurisprudencia del Supremo» cuando, en marzo de 2023, rechazó la solicitud de revisión del contrato».

«Si no atendimos la solicitud de la empresa Aqlara fue porque consideramos que, desde un punto de vista legal, carecía de legitimidad», afirma en relación a que esa compañía no participó en el procedimiento de licitación.

Rechaza posibles costes

El socialista también ha descartado que la sentencia pueda llegar a costar 5 millones de euros al erario de Canet, como estima un informe encargado por la  ‘Plataforma de Afectados por las Actividades Delictivas de Sancho Sempere’, que incluso asegura tener otro donde esta cifra se eleva a los 10 millones al tener en cuenta aspectos como el lucro cesante; el "coste de relicitación y defensa prolongada", entre otras cuestiones.

«Es absolutamente falso. Esta cifra de 5 millones, tal y como señala la sentencia, se refiere a una valoración que se hizo, en 2009, de lo que costaría poner en marcha una planta de ósmosis inversa en el municipio, que es en lo que se justificaba la prórroga del contrato. En ningún momento la sentencia dice nada al respecto y mucho menos que haya que construirla. De hecho, al final se optó por una solución mucho menos onerosa y ahora sería absolutamente innecesaria», asegura.

Aún así, la citada 'Plataforma' asegura tener otro informe donde esta cifra se eleva a los 10 millones

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