Sagunt aplica a regañadientes el fallo que amplía los límites de la cantera de Holcim

El Ayuntamiento de Sagunt no ha tenido otra salida que cumplir la sentencia que da la razón a Holcim en su reclamación de que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1992 no recoge de forma fiel el perímetro de la explotación minera que, desde hace décadas, tiene concedida la cementera en la montaña de Romeu.

Así se desprende del acuerdo que se lleva al pleno municipal de este jueves, basado en un dictamen del departamento de Planeamiento en el que se reconoce que "la capacidad legal -del consistorio- para discrepar del pronunciamiento judicial, que no se considera ajustado a derecho, se ha agotado". Hace referencia concretamente al fallo emitido en junio del pasado año por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.

Con la sentencia firme tras rechazarse el último recurso y "pese a no compartir sus razonamientos y conclusiones", al ayuntamiento "solo le queda ejecutar materialmente la misma", lo que se traduce en la modificación de tres planos del PGOU que "identifican erróneamente la zona de tolerancia extractiva, no recogiendo adecuadamente y de forma completa la efectiva zona de explotación de la cantera".

Arbitrariedad

Insiste el dictamen en criticar esa resolución judicial al "predeterminar como inexcusable el resultado final" del cambio urbanístico a un "plano concreto aportado en 1981 por Asland", antigua Holcim, sin "ponderar una serie de alternativas, alegaciones, informes sectoriales, etc.". Esta fórmula "hace adolecer al procedimiento de arbitrariedad, además de otros vicios", al tiempo que "conlleva desarrollar a lo largo del tiempo una serie de trámites y documentación inútiles, dado que no hay resultados alternativos admisibles".

En esta línea, el área de Planeamiento Urbanístico insiste en que la reclamación de Holcim "implica efectuar juicios valorativos sobre el contenido de la documentación del PGOU e interpretar resoluciones y acuerdos dictados por la administración planificadora en el procedimiento de aprobación definitiva del mismo". Incluso la propia sentencia del TSJ "hace dichos juicios valorativos y deduce expresamente que se ha producido un error de delimitación, sobre el plano aportado ante la administración autonómica minera y no sobre el aportado ante la administración autonómica urbanística".

Trámite de audiencia

Así y sobre la "existencia de la premisa indiscutible de un error, apreciado por el juez y con independencia de la discrepancia municipal", el ayuntamiento establece los nuevos límites para la zona de explotación que, una vez aprobados por el pleno, se someterán al trámite de audiencia a las partes afectadas, que son la propia Holcim y la Generalitat. Una vez superado este plazo, las discrepancias que pudieran surgir "serán susceptibles de ser elevadas ante el órgano judicial emisor de la sentencia que por medio de las presentes actuaciones se ejecuta", según el dictamen municipal.

Una de las dificultades a la hora de hacer efectiva la sentencia, tarea encomendada a mediados de septiembre al topógrafo municipal, es que, al tratarse de la modificación de una cartografía "tan antigua", no está digitalizada y se trata de "un plano en soporte de papel, escaneado en pdf, delineado a mano y sin referencias acotadas que permitan un replanteo preciso". Así, el principal problema es que imagen sobre la que trabajar está pixelada y el grosor de las líneas dibujadas puede traducirse en discrepancias sobre el terreno de hasta 6 metros.

Restauración por 9,3 millones de euros

Una cuestión en torno a la ejecución de esta sentencia que todavía está por concretarse tiene que ver con un procedimiento judicial anterior que avaló la acusación del Ayuntamiento de Sagunt de que Holcim había rebasado en 23.000 metros cuadrados los límites de la concesión minera. Este hecho fue considerado como una infracción muy grave y condenó a la cementera a restaurar estos terrenos, trabajos que el consistorio presupuestó en cerca de 9,3 millones de euros.

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