Canet declara personas “non gratas” a Carlos Mazón y Susana Camarero

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha acordado declarar personas “non gratas” al ya presidente en funciones de la Generalitat Carlos Mazón y a la vicepresidenta y consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda Susana Camarero. Este es el primer ayuntamiento del Camp de Morvedre que adopta una medida de este tipo, en contra de lo que ocurrió recientemente en Puçol, donde la misma propuesta se rechazó, como contó Levante-EMV.

El pleno alcanzó este jueves el acuerdo tras una moción presentada por Compromís que contó con el apoyo de los dos socios de gobierno de PSPV-PSOE y Vecinos de la Playa, más Esquerra Unida. Precisamente este último grupo hizo una enmienda para exigir en el primer punto de la moción la convocatoria de elecciones; algo que se aprobó con el voto en contra del PP.

La propuesta inicial de los nacionalistas consistía en solicitar la dimisión de Mazón, pero cuando éste dejó el cargo el pasado lunes se hicieron una serie de modificaciones.

Según la propuesta de Compromís, “un año después, las consecuencias de aquella jornada continúan presentes. Las heridas emocionales y sociales todavía no se han cerrado, especialmente para las familias de las víctimas, que siguen esperando gestos de proximidad y reconocimiento institucional. Resulta especialmente lamentable que, después de un año, estas familias todavía no hayan sido recibidas por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón”.

“Porque por culpa de Carlos Mazón y de la consejera Salomé Pradas murieron 229 personas. Porque por culpa de la consejera de Servicios Sociales, Susana Camarero, se hubieran podido evitar las 50 muertes de las personas mayores de las residencias y de los pisos tutelados por la Generalitat, solo con una alerta porque las hubieron subido a un piso más alto. Por lo tanto, más allá de la responsabilidad jurídica que puedan determinar los tribunales, es evidente que hay una responsabilidad política y moral en la gestión de aquella emergencia, que el Gobierno valenciano tiene que asumir con transparencia y respecto a las víctimas. Por lo tanto, más allá de la responsabilidad jurídica que puedan determinar los tribunales, es evidente que hay una responsabilidad política y moral en la gestión de aquella emergencia, que el Gobierno valenciano tiene que asumir con transparencia y respeto a las víctimas”, señalaron en la sesión desde la formación nacionalista como explican desde el ayuntamiento.

Por todo esto, con nueve votos a favor y tres en contra de PP y Vox, se acordó demandar la convocatoria de elecciones autonómicas y "declarar personas non gratas en Canet d'en Berenguer a Carlos Mazón y a Susana Camarero, como muestra de reprobación por su actuación y por la carencia de sensibilidad demostrada ante las víctimas y sus familias".

También aprobaron instar a la Generalitat "a garantizar la máxima transparencia en la investigación de los hechos, y a revisar los protocolos de actuación y coordinación ante emergencias climatológicas graves, con el objetivo de mejorar la protección y la seguridad de la ciudadanía".

Por último, se acordó mostrar el apoyo municipal "a todas las personas y familias afectadas por la DANA, así como a los profesionales de los servicios de emergencia que trabajaron con dedicación y valentía en aquellas circunstancias extremas".

Enmienda que no prosperó

En la sesión, Vox presentó una enmienda en la que pedía añadir al texto la solicitud de dimisiones en el Gobierno central. Concretamente, del ministro de Interior, Fernando Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; la exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y “de todos los diputados del congreso que el pasado día 30 de octubre de 2024, cuando ya se contaba con 50 fallecidos no se quiso suspender el pleno de ese día para ayudar a los valencianos, los grupos políticos PSOE, Sumar, PNV, Podemos, ERC, Junts, BNG despreciaron a los afectados en la zona arrasada para votar el control de Radio Televisión Española”.

Sin embargo, todos los partidos, incluido el PP, votaron en contra.

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