Canet reclama al exsecretario municipal condenado por prevaricación casi 152.000 euros

El Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer ha acordado solicitar al Tribunal de Cuentas que se “depuren las responsabilidades que correspondan” a su exsecretario municipal condenado por corrupción, José Antonio Sancho Sempere, y le reclame que pague al consistorio 151.735,52 euros por supuestos perjuicios originados a las arcas municipales por la denominada ‘trama de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ)’.

La medida se ha aprobado en una junta de gobierno local después de que Sancho Sempere fuera condenado en julio de 2022 por el Juzgado de lo Penal n.º 18 de València, en sentencia firme, como autor de un delito continuado de prevaricación administrativa del artículo 404 y 74 del Código Penal en concurso medial con un delito continuado de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y de los abusos en el derecho de su función de los artículos 439 y 74 del Código Penal.

Esa sentencia ya incluía la reserva expresa por parte del ayuntamiento de acciones civiles o administrativas ante el Tribunal de Cuentas, o entidad similar, para hacer valer sus intereses. Por ello, el consistorio encargó un informe a sus servicios jurídicos para que valorasen la cantidad que se podía reclamar y, como explican desde el gobierno local a preguntas de Levante-EMV, es ahora, en cuanto lo han tenido en su poder, cuando se ha acordado cursar la petición al Tribunal de Cuentas.

Según el alcalde de Canet, Pere Antoni, “desde un primer momento, el equipo de gobierno se ha preocupado de recuperar para las arcas municipales todo el dinero que fue utilizado de manera ilegal para el lucro personal de algunos. Ya logramos en su día un acuerdo sobre los 32 millones que nos pedían por las irregularidades en la adjudicación de un colegio y rebajamos la factura a 2,2 millones. Ahora vamos a conseguir el dinero que desapareció en la llamada ‘trama de la Academia Valenciana de Juristas’. Mientras algunos se dedican a hacer ruido, nosotros defendemos los derechos de los caneteros y las caneteras con hechos y resultados”.

Tal y como refleja la sentencia como hechos probados, en el año 2000, Sempere Sancho constituyó la Asociación Valenciana de Juristas como asociación sin ánimo de lucro. "Sin embargo, fue aprovechada por Sancho para canalizar su actividad profesional de carácter privado, manteniendo relaciones profesionales con distintas administraciones públicas, entre las que estaba el propio Ayuntamiento de Canet, en el que ejercía las veces de secretario general", afirma de forma literal el fallo. Para ocultar sus intenciones y el carácter instrumental de la AVJ, puso al frente a tres profesionales, "pero lo cierto era que quien la dirigía y gestionaba" era el propio Sancho, añade.

Contratos desde 2007

En 2007, siendo alcaldesa Amparo Mañó (EU), Sancho "consiguió que la AVJ asumiera algunos de los pleitos de la institución pública y se constituyó en el interlocutor entre la AVJ y la corporación, decidiendo los pleitos que debían derivarse a dicha asociación profesional, fijando las minutas correspondientes y manteniendo como forma de contratación pública la sucesión de contratos menores por una cuantía que sobrepasaba el límite legalmente establecido", afirma esta sentencia además de dejar claro que Sancho "omitió deliberadamente" a la entonces alcaldesa "su relación personal y profesional" con la academia y que Mañó actuó "en la creencia de que la contratación se ajustaba a las prescripciones legales".

Esa "contratación menor fraudulenta" se sucedió, a lo largo de un lustro; concretamente entre 2007 y 2011, como detalla el fallo. Entonces, la academia facturó al consistorio canetero un total de 151.735,52 euros que son los que ahora se le reclamarán vía el Tribunal de Cuentas (23.316 euros en 2007; 37.421,60 euros, en 2008; 35.943,30 euros en 2009; 39.903,42 euros en 2010 y 15.151,20 euros en 2011).

En 2011, con la llegada del popular Leandro Benito como nuevo alcalde, Sancho "dio instrucciones para la convocatoria de un concurso público para la licitación del servicio de defensa y asistencia jurídica que, por decreto de la alcaldía (y mediante procedimiento negociado y sin publicidad), contaba con un presupuesto máximo de 60.000 euros (más 18%) de IVA", explican desde el ayuntamiento. "Para asegurarse la adjudicación del contrato de asistencia jurídica, limitando la concurrencia de otros profesionales, José Antonio Sancho decidió enviar las invitaciones a dos asociaciones gestionadas por él (la AVJ y la sociedad profesional José Antonio Sancho Sempere SLP), y un despacho de abogados ajeno al mismo. Solo concurrió la AVJ y ofreció 57.600 euros más el IVA y se hizo con el contrato. Desde mayo de 2011 hasta mayo de 2013, AVJ emitió las correspondientes facturas ajustando las minutas al precio del contrato firmado", aseguran desde el consistorio en base al pronunciamiento judicial.

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