Antifraude descarta anular su informe negativo sobre el ascenso del subdelegado del Gobierno en Canet

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha descartado anular su informe negativo sobre la promoción interna realizada hace unos años en el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer que permitió ascender como funcionario al actual subdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, José Rodríguez, saltándose una categoría. El organismo ha rechazado la petición que le hizo el consistorio, en un gesto que desde el gobierno local se achaca a una mera "discrepancia jurídica" sobre un proceso cuya legalidad sigue defendiendo y a una "cuestión de procedimiento, dado que los estatutos de la Agencia no contemplan que ésta pueda dar marcha atrás, ni hay mecanismos que permitan recurrir la decisión", como han explicado fuentes municipales a preguntas de Levante-EMV.

Esa promoción interna permitió a Rodríguez hacerse con una plaza de Técnico de Administración General en Canet y pasar desde el grupo C1 al subgrupo A1 poco después de acabar su carrera de Derecho pero, como ya ha informado este diario,  aquel paso fue cuestionado en 2022 con una denuncia ante Antifraude al considerarlo "contrario a la normativa vigente según jurisprudencia del Tribunal Supremo dictada en la sentencia número 883/2021 de 21 de junio". Tanto el ayuntamiento como el propio implicado siempre han insistido en que el procedimiento selectivo es acorde a la legalidad ya que el artículo 135.2 de la Ley de la Función Pública Valenciana  permite la promoción del grupo C1 al grupo A. Pero la Agencia no comparte ese criterio.

Así, en una resolución fechada el 23 de octubre de 2025, Antifraude ha rechazado desestimar  la solicitud que le hizo el consistorio el pasado mes de agosto pidiendo la revocación de dos resoluciones: Por un lado, la que firmó el 27 de diciembre de 2022  en la que "recomendó" al ayuntamiento que iniciara  la revisión de oficio del acto de aprobación de las bases del proceso selectivo y  del acto de admisión de ese aspirante, así como que  remitiera en un mes el expediente que acreditara que había procedido a hacerlo. Por otro, la de 26 de abril de 2023, en la que se declaraba el incumplimiento de las recomendaciones por parte del ayuntamiento, como se mencionó en la memoria del organismo de 2023, precisando que el consistorio había informado de que "no procede iniciar la revisión de oficio" y, por lo tanto, no iba a aplicarla.

Similitud con Gandia descartada

De nada han servido los argumentos municipales respecto a que la misma Agencia se pronunció de forma totalmente diferente sobre un caso "idéntico" que afectaba a un funcionario de Gandia y que se saldó con una resolución del 28 de mayo de 2024 donde se ordenó el archivo de las actuaciones de investigación al entender que se aplicó la legislación autonómica y no la estatal.

Desde el gobierno de Canet insisten en que el consistorio declinó acatar la "recomendación " de Antifraude de 2022 al entender que "las bases del procedimiento selectivo se ajustaron plenamente a legalidad”. Además, defienden que la resolución de la Agencia del 27 de diciembre de 2022 solo pedía la documentación acreditativa "del inicio del expediente de revisión de oficio o de un informe en el que se expongan las causas que impidan el cumplimiento de la recomendación efectuada" y, según remarcan desde el ayuntamiento, el comienzo de un procedimiento "no presupone su resolución".

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