Sagunt aprueba "por obligación legal" una zona de bajas emisiones "muy laxa"

«No es una necesidad imperiosa, pero debemos cumplir con la obligación legal». Así presentó el concejal de Movilidad Urbana de Sagunt, Javier Raro, la ordenanza de las zonas de bajas emisiones (ZBE) a la que el gobierno municipal dio luz verde en la sesión plenaria de este jueves. El portavoz socialista insistió en que la ciudad «no tiene problemas de contaminación atmosférica, aunque sí haya puntos con más saturación del tráfico».

Con estas circunstancias, la normativa resultante, que todavía tiene por delante un amplio recorrido administrativo hasta la entrada en vigor en una primera fase el próximo verano, es «muy laxa», con la principal característica de que «ningún vehículo de personas empadronadas en Sagunt tendrá limitaciones de movilidad». Tampoco «aquellos que tengan algún tipo de etiqueta ambiental», después de que se descartara seguir el ejemplo de otros municipios para restringir el acceso a las ZBE a los distintivos B, que son los vehículos de gasolina posteriores a 2001 y los diésel matriculados después de 2006.

Los vehículos de las personas empadronadas en la ciudad no tengan ninguna restricción

Con los únicos votos favorables del gobierno local (PSPV y EU-Podem), tanto PP como Vox se posicionaron en contra, mientras que IP y Compromís se abstuvieron. Los populares explicaron su postura en palabras de Sara Cañada, quien reclamó un "mayor rigor y organización" a la hora de aplicar legislaciones impuestas desde administraciones superiores. «Empezamos la casa por la ventana», lamentó la concejala, quien detalló que la ordenanza «no explica las fórmulas que se van a utilizar para limitar el acceso» a estas ZBE.

Sin alternativas

Cañada también echó en falta en el expediente «que se aporten otras soluciones de movilidad a las personas con vehículos que tengan restricciones. Se limita el tráfico, pero no se plantean alternativas para las personas de fuera que no cumplan los requisitos. En un estudio pagado como este -en referencia al trabajo que ha servido de base para la redacción de la ordenanza- se deberían exigir planes de transporte público».

La concejala del PP añadió que «nos hubiera gustado más información y debate antes de traer la ordenanza al pleno», al tiempo que se refirió a que las ZBE que se han definido en las primeras dos fases, que son Ciutat Vella y la fachada marítima del Port, «no coinciden con las zonas con una peor calidad del aire».

Agenda ideológica

En una línea similar se posicionó el concejal de Vox, Tomás Serrano, quien puso en duda que esta normativa respondiera a medidas técnicas, sino que seguía «una agenda ideológica». También cuestionó que su aprobación fuera una obligación legal, ya que ese imperativo lo limitó a las ciudades con problemas de contaminación, caso en el que coincidió que no se encuentra Sagunt.

«Se nos dice que es una norma laxa y flexible, pero no nos creemos sus promesas -en referencia a los socialistas-, ya que es un reglamento abierto para imponer restricciones más duras en un futuro». Además de lamentar que su implantación en una tercera fase «abarcará casi todo el municipio», Serrano sentenció que la ordenanza es «gravosa, innecesaria, impuesta y perjudicial». Entre los principales damnificados, el edil de Vox señaló a los comercios, el turismo, los pacientes del hospital o «las personas con menos recursos, que tienen coches viejos, porque no pueden permitirse vehículos sin emisiones o eléctricos».

Ordenanza "de mínimos"

Maria Josep Soriano (Compromís) también tomó la palabra para «dar la bienvenida a las medidas contra la contaminación», aunque lamentó que la ordenanza «sea de mínimos» y no amplíe las restricciones a los entornos escolares.

Para cerrar el debate, Raro insistió en que ahora se abre una fase de sugerencias, aportaciones, audiencias públicas y sesiones informativas, aunque defendió los «dos años de amplio trabajo técnico». El socialista también replicó algunas de las críticas al asegurar que «hay excepciones a las limitaciones de acceso para los vehículos de emergencias, cargas y descargas comerciales y posibilidad para las personas de fuera para llegar a los aparcamientos urbanos», así que la ordenanza «es muy rigurosa y contempla todas las alternativas».

Multas

Un punto que no surgió durante el pleno, pero viene recogido en el expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV es que los incumplimientos de esta normativa llevarán aparejadas sanciones de 200 euros.

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