Antifraude investiga el ascenso de la prima del exalcalde ya anulado en Canet

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF)  está investigando el controvertido ascenso en el Ayuntamiento de Canet d’en Berenguer de la prima del exalcalde y actual concejal del PP, Leandro Benito, una acción que dio pie a varias sentencias y que ya anuló el ayuntamiento bajo el mandato del actual primer edil, el socialista Pere Antoni Chordà.

La posible falta de titulación académica de la funcionaria para acceder a los puestos de técnico de gestión, técnica de prevención de riesgos laborales, gabinete de alcaldía y secretaría del consejo de salud municipal es lo que centra las actuales indagaciones después de la interposición de una denuncia ante este organismo, según ha podido saber Levante-EMV.

La prima del exalcalde, Mar Antoni, logró ese ascenso después de un proceso selectivo abierto en noviembre de 2010 para cubrir en propiedad una plaza de técnico de gestión del subgrupo A2, pero que nunca llegó a concluirse.

Sin embargo, 1 de octubre de 2013, el entonces alcalde, Leandro Benito, firmó un decreto que permitió a su prima hermana ocupar una plaza de Técnico de Gestión de carácter interino justificándola en que estaba vacante y debidamente dotada en el presupuesto municipal, según se expuso luego en una sentencia del Juzgado número 6 de Valencia de febrero de 2020.

Esto se apoyó en que Antoni «había superado los dos primeros ejercicios de la oposición convocada para cubrir dicha plaza, por lo que ya estaba en situación equivalente a bolsa de trabajo». El decreto defendía «que dicha opositora ya era funcionario auxiliar administrativo del ayuntamiento y por tanto venía realizando desde hacía más de un año las funciones de la plaza de técnico de gestión», recoge el fallo.

Condena y absolución al exalcalde

El juzgado de lo Penal 6 de València condenó el 19 de febrero de 2020 a Leandro Benito a dos años de inhabilitación por prevaricación administrativa y seis meses de multa con cuota diaria de diez euros por colocar a su prima en una plaza de Técnico de Gestión de carácter interino «sin el establecimiento previo de unas bases o criterios que permitieran un proceso de selección objetivo» ni una «publicación de una convocatoria que garantizara la igualdad de oportunidades para todas las personas que pudieran estar interesadas en dicho puesto, prescindiendo de toda publicidad». Esa pena le llegó cuando era portavoz del PP en el ayuntamiento, lo que le hizo apartarse del cargo durante un tiempo. Sin embargo, finalmente fue absuelto en julio de ese mismo año por la Audiencia Provincial, lo que le permitió recuperar su actividad como concejal después de un auto del Tribunal Supremo, una petición de aclaración de sentencia por parte del consistorio y un pronunciamiento final de la Junta Electoral Central.

Revisión del proceso de oposición

En paralelo a parte de esa actividad judicial, el 24 de febrero de 2020 fue iniciado a nivel municipal el procedimiento de revisión de oficio del proceso selectivo "a la vista de las graves irregularidades apreciadas y que entiende el ayuntamiento que impiden el nombramiento de Antoni como funcionaria de carrera y obligan a la revisión y depuración de los vicios", como se destaca en los fundamentos de derecho de una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de Valencia dictada en 2020. Esto, en la práctica, supuso tirar atrás aquel proceso de oposición y «no por un mero capricho o desidia administrativa», según se añade en ese mismo documento.

Ahora, la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) demandó el pasado día 4 de noviembre documentación al consistorio sobre la resolución de nulidad dictada en ese último procedimiento respecto a ese cuestionado proceso selectivo para ocupar en propiedad una plaza de técnico de gestión del subgrupo A2.

De hecho, en un decreto del 8 de agosto de 2022, el consistorio anuló ese ascenso, lo que hizo que Antoni volviera a su plaza de auxiliar administrativo.

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