Así fue la oposición "con irregularidades" en Canet que está en el foco de Antifraude

La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) ha abierto una investigación tras recibir una denuncia sobre "la posible falta de titulación académica" de la de la prima del exalcalde y actual concejal del PP en Canet d’en Berenguer, Leandro Benito, para acceder como funcionaria municipal a los puestos de técnico de gestión, técnica de prevención de riesgos laborales, gabinete de alcaldía y secretaría del consejo de salud municipal; un ascenso que llegó motivar varias sentencias por distintos motivos y que luego el ayuntamiento anuló en 2022.

Esta subida de categoría se produjo gracias a un decreto del entonces alcalde de octubre de 2013, que permitió a su prima ocupar la plaza con carácter interino justificándola, entre otras cosas, en que estaba vacante y debidamente dotada en el presupuesto municipal, según se expuso luego en una sentencia del Juzgado número 6 de Valencia de febrero de 2020 que condenó a Benito a dos años de inhabilitación por prevaricación administrativa y seis meses de multa si bien finalmente fue absuelto meses después por la Audiencia Provincial, lo que le permitió recuperar su actividad como concejal.

La prima del exalcalde, Mar Antoni, logró ese puesto tras superar varios exámenes de una oposición para optar a esa plaza que luego acabó ocupando de forma interina. Ese proceso selectivo nunca se acabó y se empezó a revisar de oficio en el ayuntamiento en 2020, cuando el socialista Pere Antoni ostentaba la alcaldía, es decir, diez años después de iniciarse. El consistorio justificó a esa última medida «a la vista de las graves irregularidades apreciadas», como se reflejó en una sentencia de ese mismo año; por ello, acabó anulando el ascenso en 2022.

En realidad, todo esto terminó en los tribunales tras acciones judiciales de la propia Antoni donde llegó a reclamar al ayuntamiento una indemnización de 60.000 euros «por daños morales» al no haber obtenido su nombramiento como funcionaria de carrera.

Fue en noviembre de 2010 cuando se inició todo ese cuestionado proceso para cubrir en propiedad una plaza de técnico de gestión del subgrupo A2. El Tribunal estaba presidido por el exsecretario municipal, José Antonio Sancho Sempere, condenado en 2019 a seis años de prisión por prevaricación, falsedad documental y malversación de caudales públicos por otros asuntos, como informó Levante-EMV. En el caso de Antoni, existía una clara causa de abstención de este último "por cuanto tendría una' amistad íntima' con la interesada ya que le pagó el bautizo de su hijo" y respecto al alcalde, por su parentesco, según consta en una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de Valencia de 2020. Pero todo siguió adelante pese a que, más tarde, el consistorio consideró ante el juez que esa falta de abstención "puede suponer un vicio invalidante de todas las actuaciones posteriores".

Proceso retomado

Pero el proceso de oposición no se olvidó y prosiguió un año más tarde. La tercera prueba, que tenía carácter eliminatorio y obligatorio, fue convocada dos años después de la segunda: el 27 de octubre de 2014. Pues bien, a ese examen únicamente se presentó Mar Antoni después de que, tras entregar en mano las convocatorias a los aspirantes, "solo constara un "recibí" de puño y letra de ella, pero no de los otros dos que quedaban en el proceso", uno de ellos también vinculado al presidente del tribunal.

Traducción de oraciones

El cuarto ejercicio, con carácter eliminatorio y obligatorio, se hizo el 3 de noviembre de 2014. Consistió en una prueba en valenciano a la que solo fue convocada Antoni que, además, consistió en traducir el "Padrenuestro" del castellano al valenciano y el "Ave María" del valenciano al castellano, "sin que conste que estas oraciones formaran parte del temario ni que se facilitara a la opositora el texto de estas oraciones, ni constara en el expediente esta prueba ni su resultado", como señaló el ayuntamiento y se recoge en una sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de Valencia de mayo de 2020. «No existe acta en la que se fije la nota del último ejercicio ni ninguna propuesta del tribunal para que se nombrara funcionaria de carrera a Mar Antoni, sin que ni siquiera se hubiera pasado a la fase de concurso», añadió para justificar ante el juez el procedimiento de revisión de oficio del proceso selectivo.

Supuesto de nulidad

El consistorio agregó que la convocatoria de la segunda, tercera y cuarta prueba "no siguió el procedimiento legalmente establecido para la válida constitución del Tribunal de selección" y no constaba en el expediente administrativo que se convocase a todos los miembros del tribunal, sino únicamente a tres de los cinco". "Todo ello vulnera las reglas esenciales para la constitución de la voluntad del órgano colegiado incurriendo en un supuesto de nulidad", apuntó.

Acciones judiciales

Ella, en cualquier caso, no se conformó con ocupar ese puesto de forma interina desde octubre de 2013. Presentó un contencioso administrativo al ver que el ayuntamiento había rechazado por silencio administrativo la solicitud de conclusión del proceso selectivo para cubrir esa plaza e incluso alegó «un derecho subjetivo a que la convocatoria se desarrollara hasta su finalización en las condiciones previstas», así como haber sufrido daños morales que debían ser indemnizados con 60.000 euros.

Tras ver rechazadas sus peticiones en 2020 por el juzgado de lo contencioso administrativo nº 8, apeló solicitando la revocación de la sentencia y asegurando, entre otras cosas, que la revisión de oficio era «arbitraria» y que «meros defectos formales» no determinaban la anulabilidad. Pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) desestimó su solicitud en octubre de 2021.

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