Sagunt pierde el pulso judicial por la cantera que dio vida al puerto hace más de un siglo

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha dado un vuelco al futuro de la antigua cantera de Gausa en Sagunt. La historia reciente de este enclave parte de principios del siglo pasado, cuando bloques de piedra procedente de este yacimiento dieron vida a la escollera de un incipiente puerto comercial de la mano de la Compañía Minera de Sierra Menera.

En desuso desde hace más de 50 años y convertida en uno de los enclaves degradados más longevos, la parcela fue adquirida en 2017 por el Instituto Mediterráneo de Estudios Ecológicos (IMEE), con la intención de restaurar la antigua concesión minera hasta que el departamento de Urbanismo denegó el preceptivo permiso.

Eso ocurrió en el verano de 2022 a través de un acuerdo de junta de gobierno, al que la empresa reaccionó con la presentación de un recurso contencioso-administrativo. Las tesis municipales fueron avaladas en una primera sentencia del juzgado número 2 de València. Sin embargo, la representación legal de IMEE no se rindió y recurrió ese fallo, que ahora el TSJ ha revocado, al tiempo que ha reconocido el derecho de la empresa a obtener la licencia solicitada y ha impuesto al consistorio el pago de las costas procesales derivadas de la primera instancia hasta un máximo de 1.500 euros.

Aplicación incorrecta de la normativa

Los motivos esgrimidos por el tribunal de apelación se centran en la aplicación incorrecta por parte del Ayuntamiento de Sagunt de la normativa urbanística y de residuos, al justificar su rechazo a la autorización en que la intervención planteada era terciaria y de esta forma no era compatible con la calificación de este suelo como no urbanizable, según la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV.

En julio de 2020 fue cuando la empresa solicitó la licencia para limpiar la zona, retirar los materiales y rellenar el hueco con residuos inertes procedentes de su planta de valorización de residuos de construcción y demolición de Quart de Poblet. El plan contemplaba también una restauración paisajística mediante la plantación de especies vegetales. Un primer informe municipal fue favorable a las actuaciones, pero otro posterior de carácter jurídico también del departamento de Urbanismo señaló que el proyecto encubría la implantación de una actividad terciaria vinculada al tratamiento de residuos y que, por lo tanto, requería una declaración de interés comunitario (DIC).

Argumentos

Los argumentos que fueron suficientes en primera instancia los desmonta el TSJ sobre la base de que la actividad que debe analizarse "es la que efectivamente se va a desarrollar en Sagunt y no su eventual conexión económica con instalaciones de la empresa en otro municipio". Así, el fallo concluye que la actuación proyectada "no constituye una actividad terciaria ni una planta de tratamiento de residuos, sino una obra de restauración de un espacio degradado, sujeta al régimen ordinario de licencia urbanística".

Pero ahí no se queda el rapapolvo al ayuntamiento, ya que el tribunal señala que no existe obligación de tramitar un plan de restauración minera, al no haber actividad extractiva vigente en la parcela. También recuerda que la normativa de residuos esgrimida por Urbanismo para justificar la denegación de la licencia entró en vigor en 2022 y "no puede aplicarse de forma retroactiva a una solicitud presentada dos años antes". En cualquier caso, la resolución no es firme y cabe recurso de casación.

Conexión con el ferrocarril de Ojos Negros

Esa puerta abierta no evita que esté más cerca el fin de la degradación ambiental de este espacio, que se encuentra en una parcela de más de 165.000 metros cuadrados y, según su información catastral, cuenta con pinar maderable, matorrales, pastos y varias zonas improductivas. La importancia de esta cantera hizo que la Compañía Minera de Sierra Menera construyera una vía férrea de casi 500 metros para unirla con el ferrocarril de Ojos Negros.

Varios propietarios

Tras nutrir las obras del muelle, la Sociedad Ibérica de Promociones la explotó tras la Guerra Civil y, a principios de los 60, la vendió a Arcasa, que la mantuvo en explotación hasta mediados de los años 70. También pasó por las manos de empresas como Montuga, que apenas cumplió con su plan de restauración, o Ferruses, que en 2002 puso en marcha la tramitación para su aprovechamiento.

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