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Sagunt se pone serio contra las conexiones ilegales al agua potable

Aigües de Sagunt y la Policía Local han logrado en los últimos años regularizar un 28 % de los enganches fraudulentos

Policia Local junto el local de Aigües de Sagunt.

Policia Local junto el local de Aigües de Sagunt. / Ayuntamiento de Sagunt

María Badal

Sagunt

Aigües de Sagunt junto a la Policía Local han regularizado un 28% de las conexiones ilegales de agua, según los datos del Ayuntamiento de Sagunt. El operativo conjunto de las dos entidades lleva activo desde julio de 2022.

Desde el consistorio afirman que este dispositivo sirve "para garantizar el correcto uso de la red de agua potable y corregir irregularidades en el suministro en distintas zonas del municipio". Además, aseguran que "gracias a esta actuación coordinada, se minimiza la conflictividad asociada a estas conexiones ilegales".

Dos vías de actuación

Desde el ayuntamiento informan que "se actúa en inmuebles conectados de forma ilegal a la red municipal de agua, ya que no consta que se haya contratado nunca el suministro por lo que se hace un uso indebido del servicio de agua potable".

Asimismo, "también se interviene en aquellos casos en los que se acumulan varias facturas impagadas del servicio contratado, generando una deuda elevada. Como último trámite al no contestar ni atender a los sucesivos avisos y notificaciones, se ejecuta el corte de suministro por falta de pago", añaden.

Trabajo coordinado

“Es fundamental trabajar coordinadamente para evitar que se produzcan este tipo de situaciones. La Policía Local ha estado desarrollando una importante labor, junto con Aigües de Sagunt, para investigar cada caso y actuar ante los incumplimientos legales, especialmente, las conexiones a la red sin haber contratado el suministro", manifiesta la concejala de Policía Local, María José Carrera.

Carrera también ha añadido: "La intervención de la Policía Local es clave para prevenir conflictos y facilitar que muchas de estas situaciones puedan regularizarse, como demuestra que cerca del 28 % de las actuaciones hayan terminado en una normalización del suministro. El objetivo no es sancionar, sino proteger el servicio público y evitar el consumo fraudulento que perjudica al conjunto de la ciudadanía”, concluye la concejala.

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