Sagunt da carpetazo entre refunfuños a una vieja disputa sobre la cantera de Romeu

El pleno de Sagunt ha puesto punto final a una vieja disputa en torno a la cantera de caliza del Salt del Llop. Después de que el ayuntamiento denunciara que la cementera Lafarge, actual Holcim, rebasó los límites de su concesión minera en la montaña de Romeu y le impusiera una multa millonaria, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana dio la razón en sentencia firme a la multinacional, al fallar que el plan general de ordenación urbana (PGOU) de la capital comarcal contiene planos que reducen el perímetro de la zona de tolerancia extractiva. El fallo ordenaba al consistorio que subsanara esos errores.

Este asunto, que la empresa planteó por primera vez en 2017 en respuesta al expediente sancionador de 9,3 millones de euros por una infracción urbanística muy grave, ya pasó por pleno hace unos meses, cuando la concejalía de Urbanismo dejó clara su profunda discrepancia con el pronunciamiento judicial y propuso una solución que trasladó a la cementera y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para que, en un plazo de 15 días, manifestaran "lo que consideren conveniente en defensa de sus intereses y competencias".

Discrepancias

Precisaba esa resolución, apoyada por PSPV, IP, Vox y EU-Podem, con las abstenciones de PP y Compromís, que "oídas las alegaciones y adoptado el acuerdo municipal, las discrepancias que puedan surgir serán elevadas ante el emisor de la sentencia para determinar si es correcta o no la ejecución" del fallo.

En ese periodo de audiencia, según se desprende del expediente al que ha tenido acceso Levante-EMV, Holcim aceptó que la corrección de los planos daba cumplimiento a la sentencia, aunque no se resistía a reseñar "diferencias técnicas" respecto al informe encargada por la multinacional, que achacaba a los "procesos de digitalización, georreferenciación y tratamiento de cartografía histórica". Así, la empresa circunscribe esas discrepancias "a los márgenes razonables y admisibles", de tal forma que "no afectan a la correcta ejecución" del pronunciamiento judicial.

Críticas

En el informe de Urbanismo que recoge estos extremos, los técnicos municipales reiteran sus refunfuños, al considerar que la sentencia "no se considera ajustada a derecho" y vuelven a "discrepar de sus razonamientos y conclusiones". También critican que el TSJ ordene la rectificación de los supuestos fallos en los planos a través de una modificación del PGOU, algo que no se ajusta a la legalidad, cuando el resultado ya está predeterminado.

Así y en aplicación del "principio de proporcionalidad y de evitación de cargas procedimentales superfluas e innecesarias", el cauce escogido para dar carpetazo a esta disputa fue el de subsanación de errores, a partir del plano que se aportó en 1981 por la entonces Asland en la sección de minas de la delegación provincial del Ministerio de Industria y Energía.

Seguridad jurídica

La sentencia del TSJ, que devino firmo al rechazarse el último recurso municipal, da la razón a Holcim en su demanda de rectificar la errónea identificación en el PGOU de la "zona de tolerancia extractiva". También justifica que se haga a través de la modificación puntual del planeamiento para lograr "la concordancia entre la documentación gráfica del plan y la escrita, lo que, además, dota de interés general a la modificación, a lo que cabe añadir que la observancia del principio de seguridad jurídica también sustenta la solicitud" de la multinacional.

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